La fiscalía del Tribunal de Supremo ha pedido que se confirme la sentencia contra los dos jefes y el oficial de la Guardia Civil de Balears que fueron condenados por el llamado caso facturas, la falsificación de un expediente de obras en la Comandancia para conseguir dinero destinado a comprar muebles para un pabellón oficial. El ministerio público reclama así que los coroneles Francisco García Peña y Luis Cuadri, que hace años ocuparon cargos de relevancia en la Comandancia de Balears, ingresen en prisión.
La sección primera de la Audiencia de Palma dictó, a finales de febrero de este año, una sentencia que fue tildada de sorprendente y dura en el caso facturas. García Peña, defendido por Josep Zaforteza, y Luis Cuadri, representado por Rafael Perera, fueron declarados autores de un delito de falsificación de documento oficial del artículo 390.1.2. del Código Penal.
La sala optó por la modalidad más grave dentro del abanico de posibles falsedades planteadas por las defensas, el teniente fiscal de Palma Ladislao Roig y la acusación particular en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Los magistrados descartaron tipos delictivos de menor gravedad y concluyeron que García Peña, jefe de la Comandancia entre 2005 y 2006, y Cuadri, número dos de la Guardia Civil insular durante muchos años, falsificaron un expediente de obras completo para poder desviar unos diez mil euros de fondos públicos a la compra de mobiliario y ajuar para el pabellón oficial del primero.
La Audiencia impuso a ambos jefes sendas penas de 3 años de cárcel, multa de 1.080 euros e inhabilitación especial para empleo y cargo público durante dos años. En la misma sentencia se condenó al empresario Jaime Ferragut, fallecido antes de conocerse el fallo, y al capitán de la Guardia Civil José López García Trujillo a sendas penas de seis meses de prisión y multa de de 1-080 euros como autores de otra falsificación de documento oficial, del artículo 390.2 del Código Penal.
Las defensas recurrieron el fallo del tribunal palmesano ante el Supremo, que está pendiente de fallar sobre dichas casaciones.
El teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, anunció, y redactó, un recurso para presentar en Madrid, pero los fiscales del Tribunal Supremo optaron finalmente por no interponer dicha casación.
Trabajo en balde
Roig postulaba que la tipificación de los hechos tenía que ser más benigna para los acusados y entendía que no procedía imponer penas de obligado cumplimiento para García Peña y que Cuadri debía ser absuelto. Para López Trujillo y el empresario Ferragut la fiscalía de Palma también reclamó penas muy suaves.
Pese al arduo trabajo que Roig realizó contra reloj para pergeñar su recurso contra la sentencia de la Audiencia, sus compañeros de Madrid, sin informarle, decidieron dejar decaer la casación. Con posterioridad, la fiscalía del Supremo, y con ocasión de sus informes en relación a los recursos de casación de las defensas, optó por pedir la confirmación de la sentencia.
Jacobo Planas, abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, solicitó en Palma una condena más dura para los tres mandos de la Guardia Civil y el constructor encausados.
Esta acusación pidió para García Peña y Cuadri sendas penas de 4 años de cárcel y para los otros dos inculpados condenas de 2 años de prisión.
