El juzgado de lo penal 3 de Palma ha condenado al ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot a una multa de 6.750 euros y la devolución de otros 42.000 euros por asesorar, ilegalmente, y desde el Ayuntamiento de Andratx y el Ejecutivo balear, a un promotor inmobiliario en su reclamación de 34,2 millones de euros contra el Govern del PP del que formaba parte. Massot, que ya acumula tres condenas por el caso Andratx, deberá pagar una multa de 6.750 euros, entregar al juzgado 42.000 euros que cobró a la promotora, y cumplir dos años y medio de suspensión como funcionario.

La sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia, asume las tesis de la fiscalía anticorrupción y de los abogados del actual Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà y Josep de Luis. El juez declara probado que Massot, que ya tenía dos condenas anteriores de 5 años y 3,5 años de cárcel por delitos urbanísticos, cometió un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. El abogado defensor, Fernando Mateas, había pedido la libre absolución y alegado que el caso estaba prescrito, extremo rechazado por el juez.

El fallo declara probado que entre junio del 2000 y hasta noviembre de 2006, cuando estalló el caso Andratx con la operación Voramar, Jaume Massot usó una empresa tapadera, Territorio Asesores, para ayudar al empresario catalán Vives Tristá en su plan para urbanizar una finca de Andratx, que con ocasión de la Ley de Espacios Naturales 1/2000 quedó desclasificada como suelo urbano y pasó a ser un área rural protegida por su interés paisajístico (ARIP).

Vives, a través de la promotora S´Almudaina 2, presentó una demanda contra el Govern por la que reclamaba 34,2 millones de euros de indemnización por las pérdidas generadas tras su frustrado proyecto. Massot orientó a Vives Tristá desde su puesto de jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx, que ocupó hasta mediados del 2003, y, después, desde la dirección general de Ordenación del Territorio del Govern, de donde fue destituido tras su detención en la operación Voramar. Por este trabajo el condenado recibió del promotor 42.000 euros, que facturó a través de Territorio Asesores, donde tenía como testaferros a familiares y colaboradores.

Para el juez, "resulta contrario a la independencia y al ejercicio de la función pública, y menoscaba dicha función", que el funcionario Massot, que participó en el expediente para que la promotora obtuviera la licencia de urbanización, asesore después a dicha empresa, a cambio de dinero, en su reclamación millonaria contra el Govern. La sentencia alude a Miquel Coll, el ex president del Consell Consultiu de Balears ya fallecido y cuya imputación en este caso fue sobreseída. Según el fallo, el abogado Coll pidió a Vives que transmitiera a Massot una serie de datos e instrucciones para ganar el pleito.