El caso Turisme Jove constituirá un punto de inflexión en la historia de la corrupción de esta isla gracias al testimonio sin precedentes de los empresarios implicados: Nunca antes un constructor local había admitido a las primeras de cambio que los fondos públicos se empleaban para fines privados con su ayuda. Es lo que ha sucedido en las diligencias previas de este entramado cuyos principales cabecillas son, para la Fiscalía Anticorrupción, el ex jefe de servicios e instalaciones del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, y su ex gerente, Damià Amengual.

El grupo de delincuencia económica de la Policía nacional ha concluido que, desde su cargo público en el organismo, el primero estableció una red de proveedores de Turisme Jove en la que "los que querían asegurarse el trabajo, o que las facturas que se les adeudaban les fueran satisfechas, debían pagar una contraprestación económica" al susodicho. La citada dádiva podía ser abonada "bien mediante el inflado de las facturas, o bien en metálico mediante sobres que recogía" el propio Gosálbez.

Hasta cinco pequeños empresarios -todos en libertad con cargos- han admitido ante los agentes haber pagado comisiones al cerebro del entramado -si bien los fiscales consideran que éste iba a medias con Amengual-, y se escudan en el mismo argumento: necesitaban trabajar, y no podían permitirse el lujo de perder a un cliente como Turisme Jove. Sus testimonios han sido corroborados por el soporte documental encontrado en el registro de la peluquería de Gosálbez y su pareja de hecho, más las facturas hinchadas aportadas por los afectados.

Marcos P. M. tiene una empresa de reformas, y durante el Govern del PP fue contratado para diversos trabajos de acondicionamiento de un local para Turisme Jove, inmueble que en realidad era del propio Gosálbez, quien se lo alquiló al consorcio.

El constructor ha admitido que facturó por las obras 182.939,72 euros, de los que 60.000 fueron a parar al bolsillo de Gosálbez, y además que no realizó la totalidad de lo facturado -"Gosálbez me dijo que no construyera una rampa para minusválidos, aunque la cobré"-. Se los entregó "en efectivo y en bolsas de plástico" en tres pagos distintos, y "lógicamente, no solicitó recibo ni justificación alguna de dichas cantidades", reza el atestado.

Antonio D. V. y Bartolomé G. O. participan de una sociedad dedicada a organizar viajes de aventura, de juventud y cursos de piragua. Ambos han reconocido ante la Policía que emitieron una factura de 19.723 euros a nombre de Turisme Jove por unas actividades veraniegas que nunca se realizaron, de los que Juanfran -como se conoce a Gosálbez- se quedó 13.000, y el resto la empresa, adonde él mismo fue a cobrar. Dicen los empresarios que el ahora encarcelado les exigió nuevas facturas ficticias, o si no "se buscaría a otros", pero éstos se negaron a seguir.

Del testimonio del constructor Antonio T. O. se desprende que Gosálbez cobró una mordida de entre 6.000 y 9.000 euros. Por último, Antonio N. P y Manuel Carmelo S. V., dueños de una agencia publicitaria, aseguran que engordaban un 20% las facturas al consorcio "por temor" a que Gosálbez prescindiera de sus servicios, y que además le hicieron trabajos de diseño en su peluquería particular a cuenta de comisiones.

Más de un abogado del caso no entiende todavía por qué estos imputados no negaron los hechos ante la Policía, ante la ausencia de pruebas, y en todo caso esperaran a reconocerlos ante un juez si se dieran las circunstancias. Tal vez la respuesta radique en el celo y la diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, insólitos en Mallorca hasta el estallido del caso Andratx.