La semana pasada, la premier británica Theresa May desveló los principales argumentos que se pondrán encima de la mesa de negociaciones para la desconexión de la Unión Europea. En su discurso en Lancaster House, observamos cómo la exposición de todos esos argumentos iba acompañada de unos potenciales efectos negativos a los que se enfrentaría la Unión Europea en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, para el Reino Unido se entiende. Dichos efectos recaían sobre balanza comercial, competitividad fiscal y/o arancelaria, seguridad, acceso a la City, etc€ Tal era la seguridad mostrada por May en la solidez de la iniciativa, que anunciaron que el acuerdo alcanzado será sometido a votación en ambas cámaras, Comunes y Lores.

Si bien es cierto que, en términos generales, la salida del Reino Unido del Mercado Único no es positiva para ninguna de las partes, el saldo de los niveles de dependencia es deficitario para las islas. Ya no sólo por las relaciones directas y vínculos comerciales existentes, sino por el contexto de estabilidad y amplio mercado que la Unión proporciona a la región. Las reacciones de los líderes europeos no se han hecho esperar y todos bajo el denominador común de que no hay negociación sobre los pilares de la Unión. La máxima de que si estás en la Unión, estás con todas sus consecuencias, y que no hay Mercado Único a la carta, prevalece sobre cualquier otro punto de vista.

Los mercados de divisas, que generalmente castigan cualquier atisbo de incertidumbre, reaccionaron positivamente ante el acto de transparencia de la premier rompiendo la tendencia bajista de la libra, llevándola a avanzar un 2,4% y un 3,5% frente al euro y dólar respectivamente. En los mercados bursátiles, las cesiones fueron generalizadas. Mismo comportamiento nos encontramos en la renta fija, con caídas de rentabilidad en todas las referencias europeas.

A día de hoy parece que todo este proceso no es reversible y el margen de maniobra en el corto plazo está muy limitado, dada la poca visibilidad de los acontecimientos. El Tratado de Lisboa establece que hay dos años de negociaciones una vez se activa el artículo 50, pero con el antecedente de Canadá, único acuerdo comercial alcanzado con un país del G8, que ha tenido una duración de 7 años, todo apunta a que hará falta más plazo del previsto con la consiguiente incertidumbre. Desde una visión de actividad económica, las empresas deberán ser capaces de cuantificar su exposición directa e indirecta a esta situación y estar preparados para dar respuesta y adaptarse rápidamente al nuevo entorno.

En el largo plazo la visión cambia. Ya no es relevante la salida del Reino Unido, sino cómo puede afectar a la salida a la Unión Europea, si se reforzará como mecanismo de defensa y avanzará en su integración o si por el contrario triunfará el euroescepticismo y otros países miembros incrementarán sus reivindicaciones o directamente tomarán el camino del Reino Unido. En este punto, las potenciales consecuencias de los escenarios que se proyectan toman una dimensión y profundidad más que significativa.

Todas estas reflexiones nos llevan a la conclusión de que todos los sectores de actividad, públicos y privados, se van a ver afectados de una manera o de otra por el entorno de elevada incertidumbre y complejidad por lo que la situación requiere de un análisis y preparación adecuada para gestionar, en la medida de lo posible, la secuencia de acontecimientos y evitar que sean éstos los que arrastren todo a su paso.