Apple y el gobierno irlandés han iniciado el esbozo del que será su recurso a la decisión de la Comisión Europea de obligar a la compañía a pagar 13.000 millones de euros más sus correspondientes intereses en impuestos no abonados por la tecnologíca estadounidense en aquel país entre los años 2003 y 2014.

La CE publicó esta semana la versión pública -no confidencial- de la decisión que se tomó el 30 de agosto en un informe de 130 páginas que recogen los razonamientos legales de la Comisión Europea. Dicho informe hace público además, y por primera vez, el entramado empresarial y las operaciones de Apple en Europa.

Por su parte, en un comunicado publicado el lunes, el gobierno irlandés acusa a la Comisión Europea de "excederse en sus funciones interfiriendo en la soberanía nacional en materias de fiscalidad" y de "malinterpretar los hechos relevantes" del caso y de la "ley irlandesa". El departamento del tesoro de Irlanda ya envió en el mes de noviembre un detallado informe rebatiendo la decisión de la CE y dando a conocer su punto de vista. En aquel momento, el DoF -del inglés Department of Finance, departamento del tesoro-, informó a la CE de que lo único que había hecho Apple fue aplicar las leyes irlandesas que afectan a las tasas impositivas de los beneficios directamente atribuibles a una empresa cuando esos beneficios no se han producido en Irlanda.

Apple por su parte también ha puesto en marcha su departamento legal para hacer frente a la situación. En declaraciones a medios estadounidenses, el director financiero de Apple, Luca Maestri, y el consejero general, Bruce Sewell, han afirmado que la argumentación de la compañía se centra en el hecho de que la Comisión Europea no tuvo en cuenta los consejos de los asesores fiscales del DoF irlandés y que "explotaron las lagunas deliberadamente" para imponer una multa lo más alta posible.