El PP se abre a alcanzar el primer acuerdo de la legislatura con el PSOE. La formación de Alberto Núñez Feijóo ultima sus enmiendas a la modificación de Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo y las presentará en el Congreso en los próximos días. En la dirección nacional popular reconocen que a partir de ahí se verá "qué respuesta" da el partido mayoritario del Gobierno —que no tiene garantizado el apoyo de sus socios en este asunto, empezando por Sumar—y si es viable un acuerdo para sacar adelante la nueva regulación en materia urbanística, una de las demandas históricas del sector inmobiliario.
El problema entre los dos grandes partidos sigue siendo la falta de interlocución y el clima de permanente tensión electoral que no da tregua: después de las elecciones vascas de este domingo llegarán las catalanas del 12 de mayo y, a continuación, comenzará la campaña de las europeas, la cita en la que el PP se lo juega todo al plantearlas como una segunda vuelta de las generales. PP y PSOE tienen prácticamente rotos los puentes. Pero esta norma, una gran reivindicación del sector y que, además, como reconocen en Génova, parte de una ley del último Gobierno de Mariano Rajoy, hace que las posturas estén más cerca de lo previsto.
"Esa ley es la nuestra. Pero faltan cosas. Se han olvidado de incluir cuestiones básicas y ahí veremos si hay voluntad real", apuntan fuentes de Génova. En público, el PP se queja de la "nula voluntad de diálogo" demostrada por el Gobierno por no haber levantado el teléfono. Pero hasta ahora no han cerrado ninguna puerta.
La Ley de Suelo pretende evitar que la creación de nuevos barrios sean paralizados en los trámites burocráticos por defectos de forma. "Conociendo las dificultades que tiene el desarrollo urbanístico a través de los distintos instrumentos de planeamiento, por las distintas anulaciones de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas para mejorar el marco normativo vigente", señaló Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, durante su última comparecencia en la Comisión Extraordinaria celebrada hace unas semanas.
El Ejecutivo justifica que es necesario dotar de instrumentos que den "estabilidad, certeza y seguridad jurídica" a los planes urbanísticos, que "son una herramienta imprescindible para la política de vivienda", deslizó la líder de la cartera de vivienda. Precisamente, esa certidumbre en los plazos a la hora de tramitar urbanísticamente suelo es una de las reivindicaciones del sector inmobiliario, encabezado por la patronal, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Y este jueves, la responsable de Vivienda del PP, Paloma Martín, insistía en una línea muy similar: "Nosotros siempre hemos defendido dotar de la máxima seguridad jurídica al planeamiento urbanístico".
Para buscar el origen de la actual modificación hay que remontarse a 2018. En aquel año, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la última legislatura de Rajoy, presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales. Este acabó decayendo tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Sin embargo, cuatro años después, en octubre de 2022, Isabel Pardo de Vera, entonces secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, deslizó en un foro privado con empresarios la intención del Ejecutivo de recuperar la tramitación de la ley.
Sin embargo, una vez más, acabó decayendo, primero, por la dimisión de Pardo de Vera por el escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria y, segundo, por el fin de la legislatura. Solo dos meses después de la toma de posesión de Sánchez como presidente y la designación de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda, una cartera de reciente creación, la titular decidió recuperar el Anteproyecto que llegó a redactar el equipo anterior. El borrador que llegó al Consejo de Ministros era prácticamente el mismo que el redactado por Pardo de Vera y su equipo dos años antes.
Las enmiendas del PP
Aunque aún no se conoce con exactitud el contenido de las propuestas del PP vía enmienda, la intención del partido conservador es introducir contenido normativo que sí se incluía dentro del Anteproyecto de Íñigo de la Serna y que ahora han quedado fuera. La propia Martín aseguró el pasado jueves en una comparecencia en la que el PP presentó una especie de paquete alternativo en materia de Vivienda que la ley “nace coja” por olvidar, entre otras cosas, la reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que da garantías procesales.
El PP considera indispensable que quede subsanado en la tramitación parlamentaria. "Nosotros vamos a ejercer nuestras competencias de forma responsable, pero poco espíritu de diálogo ha tenido el Gobierno" hasta ahora, insistió la vicesecretaria. Después, fuentes de la cúpula confirmaban a este periódico que la intención del PP es presentar sus enmiendas y que el Ejecutivo las acepte. El plazo máximo para presentarlas vence este martes 23 de abril.
Aunque según ambas formaciones todavía no han existido conversaciones entre los dos grandes partidos, estas podrían iniciarse una vez se conozcan las enmiendas presentadas a la modificación de la ley, que funcionarán como punto de partida en la negociación.
La insistencia del Gobierno mirando al PP es, precisamente, la falta de apoyos que tienen entre sus socios. Sin ir más lejos, la parte minoritaria de la coalición, Sumar, se opone. Hasta el punto de que tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el sector a la izquierda del PSOE presentó una observación formal para evidenciar su rechazo. Podemos también está en contra, y ERC y EH Bildu no se han pronunciado, pero difícilmente la defenderán.
Una de las enmiendas que el propio Gobierno quiere incluir en la ley es la eliminación de la 'Golden Visa', instrumento que otorga el permiso de residencia en España a extracomunitarios que compren un inmueble en España por un precio superior de 500.000 euros. Sánchez anunció su eliminación, que se tramitará a través de la modificación de la Ley de Suelo. Esta medida, que es una petición de la Comisión Europea, no gusta en el seno del PP —que la califican como "el chocolate del loro"— y asocian a una nueva "cortina de humo" para el Gobierno.
