Presupuestos 2016

La devolución de la paga extra a los funcionarios, aplazada

El Gobierno no aprobará finalmente este viernes la medida y la dejará para futuros Consejos de Ministros

29.08.2015 | 03:13

El Gobierno no aprobará finalmente este viernes la devolución a los funcionarios de otro 25% de la paga extraordinaria de 2012, y dejará esa medida para futuros Consejos de Ministros, según ha indicado este miércoles el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Aunque durante su defensa, este martes, del proyecto de Presupuestos para 2016 ante el Congreso Montoro abrió la puerta a llevar esta medida a la primera reunión del Gabinete tras las vacaciones de verano, que se celebrará este viernes, hoy ha dado marcha atrás.

"No, este viernes no (lo aprobaremos). Lo veremos en los siguientes consejos de ministros", ha respondido a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado por este asunto, aunque sin precisar cuándo se dará luz verde a la medida finalmente.

La semana pasada, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya indicó que la habilitación de crédito para afrontar este pago se produciría en septiembre u octubre, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.

En enero, el resto

Además, los Presupuestos de 2016 ya recogen la devolución del 50% restante de la paga extraordinaria --el otro 25% se les abonó en la nómina de enero de 2015-- a los empleados públicos a principios de año.

Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros --547 millones sólo al Estado-- y será "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales".

Junto con la devolución de lo que faltaba de la paga extraordinaria de Navidad, los Presupuestos del año que viene recogen también un incremento retributivo del 1%, la recuperación de los 'moscosos' y los 'canosos' --días de asuntos propios-- que se habían eliminado en 2012, y una mayor tasa de reposición en los servicios públicos.

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