La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, comparecerá este martes, 14 de mayo, en el pleno del Parlament para explicar el programa 'alquiler seguro'.

La comparecencia de Vidal tendrá lugar a instancias de Més per Menorca-Grupo Mixto después de que el 3 de octubre de 2023 el pleno del Parlament aprobara una moción en la que instaba al Govern a poner en marcha un programa de alquiler seguro "para dar garantías a los propietarios que quieran alquilar viviendas que tengan vacías".

Así, a tenor de que la formación menorquinista asegurara no tener constancia de que el Govern haya puesto en marcha el programa de alquiler seguro y una vez transcurrido el plazo de seis meses para su cumplimiento, la consellera deberá rendir cuentas ante el Parlament de la ejecución por parte de la Conselleria del tercer punto de la moción relativa a la política del Govern en materia de vivienda.

Vidal deberá también, no obstante, responder en la sesión de control al Govern, que comenzará a partir de las 10.00 horas, a temas como si cree posible que se puede resolver el acceso a la vivienda impulsando el alquiler turístico o qué medidas piensa tomar el Govern para dar solución a la "saturación" en la red viaria.

Precisamente, en relación con el impacto que el impulso del alquiler turístico pueda tener en el problema de acceso a la vivienda, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha opinado que "no se deberían legalizar construcciones en suelo rústico, ni permitir que tengan un uso turístico".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha señalado que la medida, que puede incluirse en el decreto de Simplificación Administrativa, para que viviendas regularizadas en suelo rústico puedan ser para uso turístico "no esta cerrada" pero que, en todo caso, "las plazas que haya disponibles dependerán del techo que tenga marcado cada Consell Insular y las condiciones y requisitos los marcarán los Consells", ha añadido.

Durán ha destacado además que el Govern "está trabajando para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, los colectivos vulnerables y para las clases medias". El objetivo, según ha terminado apuntado la portavoz 'popular' adjunta, es "reconducir un problema ante el que el PSOE no actuó durante ocho años".

Sobre esta posibilidad de que las viviendas regularizadas puedan ser para uso turístico no se ha querido pronunciar en cambio la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha dicho que su formación quiere "estudiar a fondo" el borrador del decreto Simplificación Administrativa y, después, opinarán. Cañadas ha dicho que, en todo caso, no cree que "se quiera regularizar porque sí" ni que "sea tan sencillo", sino que habrá unos requerimientos previos, como asumir costes y tener la licencia pertinente.

Finalmente, y en relación con el problema de acceso a la vivienda que sufre Baleares en general, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha lamentado que el PP hace ya un año que está gobernando y "sigue atacando los ocho de gobierno progresista por no conseguir parar estas dinámicas de subida de precios" del alquiler. Además, ha arremetido contra los 'populares' por, en su opinión, "legislar a favor del lobby de los agentes inmobiliarios" en vez de, como ha exigido, declarar "zona tensionada" todo el archipiélago.

Otras cuestiones

Asimismo, en la sesión de control al Ejecutivo autonómico de este martes se debatirá acerca de otros temas como, por ejemplo, la "masificación" turística o la negativa a la petición de unos padres de que sus hijos sean educados al menos un 25% en castellano.

Precisamente, en relación con la masificación, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha celebrado que el PP haya abandonado el discurso del 'we love tourism' y 'SOS Turismo', abanderado en los últimos años, aunque ha advertido que las medidas anunciadas en los últimos días no bastan y reclama medidas concretas, activas y encaminadas a un decrecimiento real.

En la misma línea, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha considerado que si el objetivo de los anuncios en materia turística es poner límites y luchar contra los excesos, el PP debería, por coherencia, paralizar la redacción del decreto de simplificación o 'ley ómnibus'. En todo caso, para Pons, el giro de 180 grados y sin aviso previo "evidencia el fracaso de las políticas que hasta ahora pregonaba el PP, que ahora habla de poner límites".

Igualmente, la diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha advertido de las "contradicciones" en las que cree que incurre el PP con el anuncio del pasado viernes de reducir el techo de plazas turísticas en Mallorca, por lo que ha indicado que es un partido que "quiere gobernar y hacer oposición de sí mismo".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha negado un giro de discurso en materia turística por parte de su formación y del Govern, ha criticado la inacción del Pacte en las últimas dos legislaturas y ha adelantado que esta temporada no se levantará la moratoria de plazas anunciada.

Mientras, respecto a la negativa a la petición de unos padres de que sus hijos sean educados al menos un 25% en castellano, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha adelantado la intención de su partido de pedir que se modifiquen o deroguen las leyes que, a su juicio, "coarten la libertad de estudiar en español" si se siguen ignorando las peticiones de familias en este sentido.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha negado una negociación en estos términos y se ha remitido en materia lingüística a lo contenido en el acuerdo de investidura.

En el plenario del Parlament de este martes habrá también, no obstante, espacio para debatir sobre la política del Govern en materia de Memoria Democrática, en una interpelación presentada por el grupo parlamentario PSIB-PSOE; así como sobre la política del Ejecutivo autonómico en perspectiva de familia, en una moción de Vox.

Y, finalmente, para debatir dos Proposiciones No de Ley (PNL). Una de ellas será presentada por el PP, para defender la supresión del impuesto de sucesiones, después de que el Gobierno de España se plantee incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2024 un nuevo impuesto sobre las herencias que anule la bonificación de las comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares'; mientras, la otra llegará a la Cámara a iniciativa del PSIB-PSOE para instar a la Conselleria de Educación y Universidades a poner en marcha un Plan de choque para promover un mayor uso de la lengua catalana.