Un trabajador ha sido condenado a un año de cárcel por robar más de 18.000 euros de su empresa y denunciar luego en falso a un compañero, que llegó a ser investigado. El acusado se adueñó del dinero de la recaudación de un salón de juego de Santa Margalida que debía trasladar a la sede central de Palma y acudió después a la Guardia Civil para explicar que se lo habían quitado de la furgoneta, haciendo recaer todas las sospechas contra otro empleado.
La sentencia, dictada por un juzgado de lo penal de Palma y ratificada ya por la Audiencia Provincial, detalla que los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2019. El condenado, de 35 años y sin antecedentes hasta ahora, recogió 18.191,60 euros de la recaudación del local que la empresa tienen en Can Picafort. Debía guardar el dinero en la caja fuerte de una furgoneta y llevarlo a las oficinas de la compañía en Palma ese mismo día.
Pero no lo hizo. En lugar de depositar el dinero en su empresa, el hombre se lo quedó e ideó un plan para salir indemne. Tres días después, el 13 de mayo, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Calvià y presentó una denuncia en la que aseguraba que le habían robado el dinero del vehículo. Al día siguiente, regresó a las dependencias policiales para ampliar su declaración y señalar a un compañero de trabajo para que todas las sospechas recayeran sobre él.
El condenado sostenía que no entregó el dinero el día indicado, que era viernes, y que lo dejó todo el fin de semana en el vehículo de la empresa. Fue el lunes siguiente cuando descubrió que no estaba y, según dijo, solo su compañero de trabajo sabía que el dinero estaba en la furgoneta. Incluso aportó conversaciones de Whatsapp para intentar demostrarlo.
Sin embargo, en la investigación abierta por la Guardia Civil no se encontró ningún indicio contra el denunciado. Los agentes comprobaron que ni el vehículo ni la caja fuerte habían sido forzados. Además, según las pesquisas, los automóviles solo eran utilizados por un trabajador y no se compartían. Fue el denunciante quien acabó en el banquillo.
El juzgado de lo penal encargado del caso consideró al acusado autor de un delito de apropiación indebida y otro de simulación de delito, por los que le impuso un año de cárcel y 2.700 euros de multa, así como la obligación de devolver a la empresa el dinero que se había quedado.
Su abogado presentó un extenso recurso ante la Audiencia Provincial insistiendo en que no había pruebas contra él y reclamando su absolución. Sin embargo, el tribunal de la sección primera ha desestimado todas sus alegaciones y ha ratificado la condena en todos sus extremos.
