La fiscalía de Balears reclama penas que suman 30 años de cárcel para una organización, compuesta por ocho personas, que supuestamente se dedicó a robar motos de agua en diferentes instalaciones náuticas de Mallorca. También se les acusa de apoderarse de vehículos que estaban embargados en depósitos municipales de la península, que después conseguían vender en el extranjero.
Este grupo lo dirigía un individuo que ha sido condenado varias veces, llamado David M.G., que contaba con la colaboración de otros cómplices, con los que se repartía las funciones que habían planificado.
La fiscalía sitúa la actividad delictiva en el mes de mayo del año 2016. Dos de los acusados, Francisco José S.C. y Luis Miguel M.G., se dedicaron durante varias semanas a ir recorriendo diversos puertos deportivos de Mallorca, de fácil acceso, con el objetivo de apoderarse de motos náuticas y de otras embarcaciones.
El primer robo se cometió el día 24 de mayo y fue en el club Náutico de Calanova. El grupo, según la acusación, se apoderó de una moto náutica, junto a su remolque.
El siguiente robo se cometió un mes más tarde, en esta ocasión en el club náutico de Pollença. Los dos individuos lograron entrar en la instalación y se llevaron un remolque, una embarcación y un motor. Engancharon la lancha al vehículo que conducían, que utilizaron después para llevarse la embarcación hasta Fuengirola, donde fue vendida.
Ante la facilidad con la que conseguían llevarse las embarcaciones, días después actuaron en el club náutico de Puerto Portals. A pesar de que en esta zona la entrada está limitada, los acusados lograron una tarjeta magnética que les permitía el acceso. Se apoderaron, según la acusación, de una moto náutica de gran valor, propiedad de un extranjero, que había dejado en el pantalán, depositando las llaves en la guantera, para que el mecánico la revisara. Sacaron la moto de la instalación, aunque la Guardia Civil logró recuperarla.
Pocos días después volvieron a la misma instalación y se llevaron otro moto de agua, valorada en 19.000 euros, que consiguieron vender.
En el mes de julio también cometieron otros robos, la mayoría de ellos en Pollença y Calvià, apoderándose de otras seis motos náuticas.
Pero al grupo no solo les interesaba, según la fiscalía, las motos de agua. También sustrajeron coches y motos de lujo, así como una autocaravana, que estaban aparcados en garajes particulares. El coche más espectacular era un Lamborghini, tasado en 75.000 euros, que fue después vendido a una tienda de coches de segunda mano.
Durante las mismas fechas, el grupo actuaba tanto en Palma, como en la península. El día 8 de julio de 2016, dos de los acusados se presentaron en un depósito de coches embargados de Málaga y entregaron un documento judicial falso, con el que lograron llevarse otro deportivo Lamborghini, valorado en 119.000 euros, que lograron vender después en Alemania.
También, según se describe en el escrito de acusación, lograron llevarse de otro depósito municipal, en esta ocasión en Murcia, de otro deportivo de la misma marca alemana. Lo sacaron de la misma manera, es decir, falsificando un auto judicial.
El último coche que lograron llevarse de un depósito municipal fue un deportivo Porsche, que también estaba embargado por un juzgado.
La fiscalía considera que los acusados, con diferente nivel de responsabilidad, habrían cometido los delitos de robo, falsificación y formarían parte de una organización criminal. La pena más alta que se reclama es la de ocho años de cárcel.
Falsificaban documentos a través de una gestoría de Mallorca
Uno de los acusados que se sentará en el banquillo es el propietario de una conocida gestoría de Palma. En esta oficina, según afirma la fiscalía, se encargaba de falsificar documentos de traspaso de vehículos, tanto de carretera como náuticos, que habían sido sustraídos, lo que permitía a la organización venderlos y obtener un beneficio económico. Como estos vehículos se robaban en Mallorca, los acusados se encargaban de trasladarlos a la península, ya que allí tenían más facilidad para venderlos. Muchos de ellos fueron comprados por clientes que desconocían su procedencia ilícita, aunque se vieron obligados a devolverlos a sus verdaderos propietarios. La organización, para conseguir sacar los vehículos a la península, cambiaba las matrículas y después hacía lo mismo con los documentos.
Además de los ladrones de coches y del administrador de la gestoría, en la investigación también se implicó al propietario de una tienda de venta de coches de segunda mano. Fue quien, supuestamente, actuaba como intermediario para conseguir vender los vehículos sustraídos en Alemania.
La Guardia Civil logró localizar varios coches robados.
