20 de noviembre de 2019
20.11.2019
Tribunales

Piden 2,5 años de cárcel a cuatro monitores de un colegio por la muerte de una persona con discapacidad

Fiscalía y acusación particular consideran que su imprudencia provocó que la víctima se ahogara en la piscina del centro

20.11.2019 | 02:45

La fiscalía solicita sendas condenas de dos años y medio de cárcel para tres monitores del colegio de educación especial Mater Misericordiae de Palma por la muerte de una usuaria discapacitada. La víctima se ahogó en la piscina del centro, que no estaba cerrada con llave, tras escaparse dos veces del patio donde estaba con su grupo. El ministerio público atribuye a los tres trabajadores la responsabilidad de haber dejado abierto el recinto y les acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave. Los padres de la víctima, que ejercen la acusación particular, implican además a otros tres cuidadores y achacan al colegio un delito de fraude a la administración por tener menos trabajadores de los establecidos en su convenio con el Consell de Mallorca, que subvenciona su funcionamiento.

Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2018. Las acusaciones sostienen que dos auxiliares técnicos educativos y una tutora incumplieron el protocolo de seguridad al no dejar cerrada la puerta de acceso a la piscina tras hacer uso de ella con un grupo de usuarios. Uno de los monitores salió del centro llevándose la llave por error. Al darse cuenta, en lugar de regresar para cerrar, envió un mensaje de Whatsapp para avisar a sus dos compañeras. Estas respondieron que dejara luego las llaves en la portería y se marcharon del recinto sin cerrar debidamente la puerta.

Mientras tanto tres monitoras custodiaban en el patio del centro, muy cerca de la piscina, a otros 18 usuarios. Entre ellos, Aina Maria Nicolau, de 31 años y con una discapacidad intelectual del 88 por ciento que la hacía totalmente dependiente. La joven se escapó y entró en el recinto de la piscina en dos ocasiones. La primera vez fue descubierta por una de las monitoras que estaban allí, quien la llevó de nuevo al patio pero no avisó de lo ocurrido. Nicolau volvió a entrar en el recinto y acabó en el agua, donde murió ahogada al no saber nadar.

La fiscalía acota la responsabilidad en los tres trabajadores que dejaron la puerta de la piscina abierta, a los que acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave. Para ellos reclama condenas de dos años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación para la profesión.

La familia de la fallecida, a través del abogado Eduardo Luna, va más allá. La acusación particular sostiene que también las tres monitoras encargadas de controlar al grupo de la víctima actuaron de forma imprudente. En su relato, afirma que una de ellas aprovechó el tiempo del recreo para descansar y que otra se marchó para atender a un usuario alterado. Así, una sola trabajadora se quedó al cuidado de los 18 usuarios, momento en el que la víctima consiguió entrar en la piscina sin que nadie se diera cuenta. Por ello, en su escrito de conclusiones también considera a la monitora que se ausentó del patio autora de un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que pide dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación. Para las otras dos empleadas reclama una multa de 10.800 euros, al calificar su negligencia de leve.

Estas tres acusadas fueron exculpadas por el juzgado que ha instruido el caso, pero la acusación particular ha recurrido ante la Audiencia para que también sean juzgadas junto a los otros tres procesados. El tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto.

La familia de la víctima, además, considera a la entidad Mater Misericordiae autora de un delito de fraude a la administración por incumplir el convenio con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que subvenciona su actividad. Sostienen que el centro ha incumplido la ratio de seis cuidadores por cada 30 usuarios fijada en el contrato público y que este déficit está directamente relacionado con la muerte de Aina Nicolau. Por ello reclama que Mater Misericordiae abone una multa del doble de la cantidad defraudada y que se le impida acceder a subvenciones durante seis años.

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