Dos hombres han sido imputados por Guardia Civil por castrar a un poni mediante un sistema ancestral no autorizado conocido como el "método de las cañas".
La investigación comenzó a raíz de una denuncia del Colegio Oficial de Veterinarios de les Illes Balears (Covib) atendida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha informado el instituto armado en un comunicado.
Los agentes del Seprona lograron localizar al animal y acreditaron quiénes fueron los autores de la castración mediante el "método de las cañas", un procedimiento que consiste en estrangular la vena que proporciona riego sanguíneo a los genitales del equino.
La Guardia Civil ha subrayado que este tipo de actuaciones deben ser llevada a cabo únicamente por facultativos debidamente acreditados. En este caso, el autor de la castración carece de titulación.
Los imputados son el propietario del animal y un conocido suyo que realizó la intervención.
El presidente del Covib, Ramón García, ha subrayado que la actividad veterinaria está reservada a un profesional acreditado y que el caso concreto de la castración de un caballo "es una intervención quirúrgica que implica la extirpación de un órgano del animal, que debe hacerse minimizando en lo posible su sufrimiento mediante una sedación o anestesia".
La técnica que se aplicó en este caso "es un desastre por el sufrimiento que genera al animal, que produce una necrosis sin ningún tipo de control que puede acabar con la vida del equino", ha detallado García .
El presidente de los veterinarios de las islas ha añadido que este tipo de intervenciones deben realizarse en condiciones de esterilidad, implican una terapia antibiótica posterior y un seguimiento de la evolución.
García ha asegurado que en la sociedad actual, con fácil acceso a veterinarios profesionales "no tiene sentido que haya personas que se dediquen a hacer ese tipo de intervenciones" ilegalmente.
La persona que realizó la castración había aprendido el sistema de otro hombre que fue imputado y condenado hace unos dos años y a quien el Covib pudo denunciar al obtener pruebas de su actividad ilegal después de que se produjera la muerte de un caballo al que había tratado.
