La fiscalía reclama una pena de ocho años de prisión para una mujer acusada de introducir a inmigrantes filipinos irregulares en la isla en el año 2004 a cambio de determinadas cantidades de dinero que oscilaban entre los 4.000 y 1.500 euros. La imputada, de 52 años y natural de Filipinas, presuntamente organizaba los viajes en avión para los compatriotas, a quienes facilitaba con anterioridad un pasaporte falso. Una vez en Palma, las víctimas permanecían en el territorio español sin la correspondiente autorización administrativa.
La principal encausada no actuaba sola, según el fiscal, ya que contaba con la colaboración de otra mujer, también filipina de 42 años, que supuestamente hacía las funciones de intermediaria en el cobro a los compatriotas o sus familiares. Esta segunda sospechosa, que no recibía ninguna contraprestación por esta labor, se enfrenta a una petición de condena del ministerio público de seis años de cárcel.
Ambas mujeres están acusadas de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y previsiblemente serán juzgadas el próximo lunes por un tribunal de la Audiencia de Palma.
La cabecilla de la trama supuestamente trajo a Mallorca en 2004 a dos ciudadanos filipinos a cambio de 4.000 y 1.547 euros y también organizó el viaje a otros dos compatriotas, quienes pese a pagar 4.280 y 3.130 euros, finalmente no pudieron desplazarse a Palma.
Según la versión de la acusación pública, la principal imputada, detenida en el verano de 2007, durante un periodo de tiempo no determinado se dedicó a planificar viajes de ciudadanos filipinos desde este país y con destino final a España. La mujer facilitaba a las víctimas un pasaporte ilegítimo después de que estas le entregaran su documentación y fotografías. De esta manera, lograba introducirlas en España de forma irregular al no contar con la correspondiente autorización administrativa. A cambio de los pasaportes y de los billetes de avión, la acusada recibía dinero de los compatriotas o bien de sus familiares que ya residían en España.
Los perjudicados pagaban a las dos sospechosas en persona o bien a través de transferencias bancarias a una cuenta titularidad de una sociedad mercantil.
Uno de los inmigrantes afectados contactó con la cabecilla en un restaurante de Manila en 2004, donde esta le ofreció realizar un viaje a España por 12.500 euros. Finalmente, un familiar pagó 4.000 euros y esta persona viajó de Filipinas a Palma haciendo escala en Zúrich.
