“A ningún juez le gusta rebajar la pena a un violador, pero estamos para cumplir la ley”

En el año judicial recién terminado, en la Audiencia Provincial señalaron dos juicios al mes, de media, por delitos contra la libertad sexual.

Constatamos un número elevado de los delitos contra la libertad sexual, y también de las condenas. Son delitos muy complejos de juzgar, porque se producen en la intimidad y no contamos en muchas ocasiones con una prueba numerosa, lo que requiere un tiempo de pausa y de valoración para hacer justicia. Creo que el incremento de estos delitos responde en gran medida a que se denuncia más, así como a un acceso a la pornografía y a una cosificación de la mujer. Se está trabajando mucho en educación pero aún no da sus frutos. Vemos conductas que son absolutamente inadmisibles.

En octubre entró en vigor la ‘ley del sí es sí’. En la Audiencia, el porcentaje de rebajas de condenas sobre el total de revisiones ha sido del 70%, en 9 de 13 casos. Es un porcentaje más alto que en el conjunto de Galicia.

Dictamos una de las primeras resoluciones de España, con una puesta en libertad. A los jueces no nos gustan este tipo de situaciones, pero estamos aquí para cumplir la ley. El Código Penal contiene una disposición que supone la aplicación de la ley penal más favorable. Como la del ‘solo sí es sí’ no contenía una disposición transitoria que impidiese la aplicación con carácter retroactivo, eso determinó que hubiera que revisar las condenas al disminuir la ley, sobre todo, las escalas más bajas de la pena. Estamos dictando sentencias en las que aplicamos esta ley, que es más favorable para el reo. Si la pena va de 4 a 12 años de prisión, es más favorable que si va de 6 a 12, por eso se está aplicando esta ley.

"Lo que más molestó fue que se cuestionara la imparcialidad de quienes tratamos de ser imparciales en las resoluciones que adaptamos"

Cuando, desde una parte del Gobierno, criticaron la supuesta falta de formación de los jueces y una mala aplicación de la ley, ¿cómo acogieron esas palabras entre los profesionales?

En la redacción legislativa de cualquier norma se puede cometer un error, lo que no es admisible es echar las culpas a un supuesto conservadurismo de la judicatura, cuando hemos visto que el Tribunal Supremo confirmó los criterios y con posterioridad se ha modificado esta ley. Lo que más molestó fue que se cuestionara la imparcialidad de quienes tratamos de ser imparciales en las resoluciones que adaptamos. A nadie le gusta rebajar la pena a un violador.

¿Reciben formación los magistrados con perspectiva de género?

Tenemos una formación continuada, con muchos cursos y materias. Además, seguimos una formación obligatoria en el ámbito penal en materia de violencia de género. Yo por ejemplo he hecho dos cursos específicos obligatorios para poder dedicarse al ámbito del Derecho Penal. Además he realizado muchos cursos sobre actualizaciones y aspectos concretos de violencia sexual, por ejemplo.

¿Qué necesidades existen en los juzgados de Ourense, se baraja algún refuerzo o nuevo órgano?

El año pasado, entre las prioridades de Galicia, se encontraba la creación de un juzgado civil en Ourense. El presidente del TSXG ha manifestado la voluntad de que se cree el año que viene. Es necesario reforzar la jurisdicción civil. Los demás juzgados tienen una carga de trabajo razonable y funcionan muy bien. Los sociales son los mejores de Galicia y no han necesitado ningún refuerzo. La sección civil de la Audiencia, que lleva un tiempo reforzada con un JAT, ha bajado mucho los tiempos y ya está incluso por debajo de la media nacional.

"Soy de los partidarios de elegir a los 12 magistrados del CGPJ por parte de la carrera judicial a través de una votación, pero es tanta la necesidad de renovación que casi da igual cómo se haga, lo que no se puede es tener una institución cinco años parada"

¿Qué opinión tiene sobre la actual estructura de partidos judiciales en una provincia dispersa como esta?

Se encontraban en trámite parlamentario tres leyes, de eficacia organizativa, digital y procesal, que establecerían el tribunal de instancia, reuniendo los juzgados unipersonales en un tribunal único que permitiera una mejor distribución. No se puede mantener la estructura de hace un siglo. No se puede combatir delitos digitales con juzgados analógicos, con la estructura de antes. Creo que no se deben suprimir los partidos judiciales, pero sí se debe tender a una especialización cada vez mayor, y a una comarcalización.

¿Se nota todavía el efecto de la huelga de los letrados de la administración de justicia?

Hemos notado un impacto muy grande, porque hemos estado casi parados tres meses. La paralización ha sido mayor que la causada por la huelga de los funcionarios, en su momento. Eso provoca que los números de resolución de este año sean muy inferiores a los del pasado, porque durante la huelga no pudimos resolver casi nada. Pero somos una sección que resuelve muy rápido, en uno o dos meses, y no creo que suframos un gran retraso. Actualmente, señalamos juicios a tres meses, de agosto a noviembre.

¿La nueva legislatura en España ha de ser la del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

Gobierne quien gobierne, debe renovarse. No se puede seguir con el bloqueo. Soy de los partidarios de elegir a los 12 magistrados por parte de la carrera judicial a través de una votación, pero es tanta la necesidad de renovación que casi da igual cómo se haga, lo que no se puede es tener una institución cinco años parada.

“No se pueden combatir delitos digitales con juzgados analógicos”

El ciberdelito es una de las infracciones que más ha subido.

En las últimas estadísticas, en España hay más de 300.000 delitos de este tipo al año; de los que están judicializados unos 16.000. Casi un tercio de los delitos son digitales. La Guardia Civil y la Policía están aumentando el número de efectivos y algunas de las actuaciones tienen mucho mérito, aunque los índices de resolución aún son bajos. Hace falta una mayor capacitación en todos los niveles –jueces, fiscales y policías–, más medios, así como establecer mecanismos de cooperación internacional que sean rápidos y eficaces. La investigación de la delincuencia ha mejorado porque todo deja rastro.

"Intentaremos dar un impulso a una exposición sobre la historia de la ciudad y de la provincia a través de los procedimientos judiciales. También pretendo, en colaboración con la Guardia Civil, promover cursos de capacitación en materia de cibercrimen para jueces, fiscales y abogados"

Usted imparte formación en esta materia en otros países.

Trabajo con el Consejo de Europa en el proyecto GLACY+, para implementar el Convenio de Budapest, que sirvió de marco para que 150 países establecieran una legislación estándar. El proyecto trata de conseguir que los países mejoren su legislación y sus actuaciones procesales, y presta asistencia en esa materia, además de formar a jueces, fiscales y policías.

¿Qué objetivos tiene para el tiempo que le resta de mandato?

Intentaremos dar un impulso a una exposición sobre la historia de la ciudad y de la provincia a través de los procedimientos judiciales. También pretendo, en colaboración con la Guardia Civil, promover cursos de capacitación en materia de cibercrimen para jueces, fiscales y abogados.

"La Audiencia Provincial goza de calidad en sus resoluciones. En la operación ‘Zamburiña’, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmó el criterio sobre la nulidad"

La Audiencia Provincial es un órgano colegiado, las decisiones se adoptan con el criterio de toda una sala. ¿Cómo es el día a día, cómo se debaten y se sentencian los distintos casos que llegan a juicio?

Trabajé muchos años en un órgano unipersonal como juez de instrucción y, cuando llegué a la Audiencia, me gustó poder trabajar en una sala de cinco magistrados y poner en común, un día a la semana, los asuntos que se reparten entre nosotros de forma igualitaria para su estudio. En la deliberación, cada uno señala el problema que se suscita en el asunto y la solución jurídica. Los demás compañeros tienen acceso a las resoluciones y comentan si están de acuerdo, porque cada sentencia cuenta con tres firmas. Ayuda a mantener una unidad de criterio, con la opinión de todos los magistrados.

¿Los órganos superiores, TSXG y Supremo, ratifican las resoluciones de la Audiencia en su mayoría?

Hemos tenido muy pocas revocaciones, y las que ha habido se debieron a temas coyunturales, de competencia, pero no de fondo. En el Tribunal Superior de Xustiza creo que, desde que está en vigor la apelación, solo ha habido una revocación, y parcial, lo que demuestra que la Audiencia Provincial goza de calidad en sus resoluciones. En la operación ‘Zamburiña’, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmó el criterio sobre la nulidad que acordó la Audiencia.

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