Patrimonio industrial
El PP pide a Madrid la compra de la Fàbrica Nova de Sóller
Los populares presentan una enmienda en el Senado para que los presupuestos del Estado incluyan siete millones para la operación
La fábrica conserva en su interior parte de la antigua maquinaria textil. / J.Mora
Añádenos en GoogleJoan Mora
El grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado ha presentado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado incorporen una partida de siete millones de euros para adquirir la Fàbrica Nova de Sóller y su reconversión en un espacio cultural.
La propuesta, que será debatida la próxima semana en la Cámara Alta junto con las demás enmiendas que han presentado los grupos representados en el Senado, propone la redacción de un convenio de colaboración entre el gobierno central y el ayuntamiento de Sóller para la adquisición del inmueble para, posteriormente, rehabilitarlo y destinarlo a usos culturales.
Los populares proponen un cambio de partidas que gestionará durante el próximo ejercicio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Fàbrica Nova es el último exponente de la boyante industria textil que hubo en Sóller y, pese a su mal estado de conservación, todavía guarda gran parte de la maquinaria que estuvo en servicio hasta el año 1971.
En 2018 el Consell de Mallorca la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) y hace unos meses sufrió un incendio supuestamente intencionado que acabó con una parte de su archivo documental.
El ayuntamiento de Sóller viene intentando desde hace años que instituciones supramunicipales adquieran el edificio para convertirlo en un museo textil. Pero hasta ahora el proyecto ha permanecido en vía muerta.
Los propietarios, además, han interpuesto un procedimiento administrativo para forzar la expropiación de la fábrica al estar clasificada en el Plan General como equipamiento y zona verde. La presentación del recurso se produjo después de que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa desestimara la petición formulada por la propiedad, que instó la expropiación por la que reclamó al ayuntamiento de Sóller 4,7 millones de euros.
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