Cada vez queda más claro que no era solo cuestión de malas maneras. La discutible actitud personal del exalcalde Antoni Mir se va desvelando como un artificio que ha servido para desbancarle de la alcaldía de Andratx pero, sobre todo, para camuflar unos males que se intuyen superiores, porque hablan de presuntas irregularidades en la gestión que salpican de lleno al nuevo gobierno y pasan por el juzgado, esta estación de depuración de responsabilidades tan frecuentada por la política balear.
Cuando el PP estaba en la oposición presentó una denuncia que ahora estalla en las manos de su novel alcaldesa, Estefanía Gonzalvo. Hasta seis ediles aparecen imputados, de entre los cuales destaca Llorenç Suau de El Pi, pieza imprescindible de la moción de censura y presente por igual en el gobierno entrante y saliente.
No podemos confiar en que los protagonistas nos desvelen cómo manejaron los contratos. Sus reacciones son una bofetada al venerable electorado.
No hacemos política de juzgado, ha dicho Tolo Gili, el presidente de El Pi. Precisamente por eso, por la duda legal que plantea la actuación de su edil en Andratx han acabado en manos de la acción de la Justicia. Tampoco se sostiene la evasiva de la alcaldesa Gonzalvo cuando afirma que ellos, en época de oposición, «denunciamos hechos y no personas».
Resulta, sin embargo, que los hechos no son mecánicos ni autómatas y los realizan personas camaleónicas como un Llorenç Suau que espera a saber «a quien hace falta dar explicaciones».
Inquietante confusión porque tan solo hace falta que las de ante una opinión pública a la que se debe en bien de la transparencia.
