Los gobernantes deberán plantearse, cuando antes mejor, por qué tantas iniciativas de cierta envergadura son objeto de contestación cívica y, en consecuencia, a qué obedece la disfunción entre inquietud ciudadana y gestión pública. La cuestión es profunda y merece expansión y análisis propio, pero ahora mismo nos sirve de apoyo para acercarnos al revuelo organizado en Sa Ràpita a cuenta del plan de movilidad urbana sostenible y sobre el que la alcaldesa calla. Mala señal cuando quien debería ser la principal entusiasta de un proyecto se resguarda en el silencio renegando de sus obligaciones de gestora pública. A la vista de lo explicado en esta página, lo que se propone en Sa Ràpita supondrá la expansión y traslado de un problema que solo se piensa solucionar en primera línea, sin mirar más allá, castigando al conjunto de una población de alto carácter residencial sosegado. Es el establecimiento de clases por calles y zonas. Si de lo que se trata es de hacer un plan de movilidad urbana sostenible, lo sensato es plantearlo para la totalidad del casco urbano y sus aledaños. Lo contrario son parches y agravios. Las calles interiores de Sa Ràpita no pueden ser el cuarto trastero de la avenida Miramar. Visto el cariz que ha tomado la situación, no quedará más remedio que recomponer las cosas y hallar puntos de confluencia entre la casa consistorial de Campos y los vecinos y propietarios de Sa Ràpita, un lugar que no alberga vocación de confrontación, sino más bien de paz y sosiego regenerador de las dificultades del mundanal ruido de cada día. Además, a la costa de Campos ya le sobran controversias y el Ayuntamiento, para beneficio de todos, necesita desmontar este nuevo chiringuito de encontronazo con los vecinos.
