La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de cárcel para el exalcalde de Felanitx Gabriel Tauler (PP) por amañar la concesión de los servicios en varias playas para favorecer a un empresario local. También están acusados el entonces concejal del área, Juan Ramón Vidal, para quien el ministerio público pide cuatro años de prisión, el secretario y un ingeniero del Ayuntamiento y dos personas ajenas al consistorio. La fiscalía les imputa delitos de prevaricación, fraude a la Administración, revelación de secretos, aprovechamiento de secretos y coacciones.
La acusación sitúa los hechos entre 2013 y 2014. Según su relato, el alcalde y el concejal de playas se concertaron con el dueño de la empresa Marportunbeach Mallorca S.L. para adjudicarle irregularmente la concesión para gestionar y explotar las playas de S'Arenal, Cala Marçal, Cala Ferrera y Cala Sa Nau.
Para ello, contrataron verbalmente a una persona próxima a la empresa para que diseñase las bases del concurso, informaron al empresario de los criterios mucho antes de su publicación para darle ventaja, redujeron de forma ilegal el tiempo de presentación de ofertas, tramitaron irregularmente el concurso permitiendo la retirada y sustitución de ofertas y utilizaron una valoración irregular que permitiese a Marportunbeach Mallorca S.L. adjudicarse el lote más jugoso.
La Fiscalía detalla numerosas irregularidades en el procedimiento de adjudicación, en el que habrían participado los acusados. Además, relata cómo un trabajador de la empresa que ganó el concurso estrelló de manera intencionada un todoterreno contra el negocio de otro empresario que había participado y denunció las irregularidades. En julio de 2014, el vehículo se subió a la acera y se estrelló contra una pérgola, causando daños valorados en unos 8.000 euros.
El fiscal solicita dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el exalcalde Gabriel Tauler. Para el antiguo concejal de playas y el empresario reclama cuatro años de prisión, mientras el resto de procesados se enfrentan a peticiones de dos años de reclusión. El caso será juzgado en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Palma.
