El martes 15 de junio se cumplirán dos años de la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones municipales de mayo de 2019. La legislatura llega a su ecuador y afronta sus últimos dos años con cierta esperanza después de haber pasado una etapa totalmente extraordinaria desde que a principios de 2020 se declarase una pandemia sanitaria que ha condicionado todos los aspectos de la vida. La política municipal no ha quedado al margen de la crisis del coronavirus y ha tenido que adaptarse a las circunstancias, priorizando las políticas sociales a pesar de la reducción de ingresos y celebrando las sesiones de forma telemática, por citar algunas de las numerosas consecuencias directas de la pandemia.
No obstante, ni la cuarentena obligatoria inicial ni las limitaciones posteriores han evitado el estallido de sonadas crisis políticas en algunos ayuntamientos de la isla. En solo dos años de mandato, la hemeroteca ha dejado mociones de censura consumadas, negociaciones frustradas, alcaldes por sorpresa, casos de transfuguismo e incluso pactos antinatura que, en algunos casos, han modificado la composición municipal derivada de las elecciones.
La legislatura empezó movida en Llucmajor y Marratxí. En ambos casos la polémica fue protagonizada por Vox, partido ultra inédito hasta 2019 en la política municipal. En Llucmajor expulsó a uno de sus dos regidores (el otro abandonó el partido poco después), al igual que en Marratxí, donde la formación de extrema derecha suspendió a otro edil, que sigue en el pleno como no adscrito, y sustituyó al que había sido su candidato, que no acudía a las sesiones municipales.
En Llucmajor, los dos ediles que se habían presentado por Vox están actualmente en el equipo de gobierno como no adscritos, después de que el PP del alcalde Éric Jareño los incorporase al pacto en octubre de 2020. Ese mismo verano, el alcalde había destituido a los dos miembros de Llibertat Llucmajor, quedando en minoría. En enero de este año hubo una nueva incorporación: Bernadí Vives de El Pi se sumó al equipo de gobierno.
Si retrocedemos a octubre, la polémica estalló en Maria de la Salut, escenario de la única moción de censura de la primera mitad de la legislatura. El 30 de octubre se consumó el cambio municipal. Bernat Quetglas, de X Maria, la marca local de Més, asumía la alcaldía con los votos del PP. Ambos partidos se unieron para desbancar del poder local al alcalde Biel Mas (El Pi), que gobernaba en minoría con el PSOE. Las acusaciones de «rabias personales» y de «intereses partidistas» no tardaron en aparecer.
Se da la circunstancia de que el alcalde Quetglas, exsocialista, figuraba en el puesto número 12 en las listas electorales, por lo que antes de su investidura todos los que le precedían, incluido el cabeza de lista, Guillem Jordà, presentaron su renuncia para facilitar el acuerdo con el PP, cuyo portavoz, Jaume Ferriol, será alcalde el último año del mandato.
También se oyeron ruidos de sables en el ayuntamiento de Binissalem, donde en octubre de 2020 los tres partidos de la oposición, PP, Més y PSOE, llegaron a sentarse en diversas ocasiones para negociar una moción de censura que desbancase al alcalde Víctor Martí, de Unió per Binissalem, que gobierna en minoría. El detonante fue la investigación iniciada por la Oficina Anticorrupción por el presunto amaño de contratos, pagos irregulares a terceros y emisión de facturas falsas entre 2018 y 2020 por parte del equipo de gobierno presidido por Martí.
No obstante, el acuerdo no fructificó por las diferencias entre los tres partidos y Martí sigue gobernando en minoría.
Y también en octubre de 2020, Felanitx volcó hacia la derecha. El pacto inicial entre El Pi, PSOE y el Bloc se rompió por la expulsión de los regidores socialistas por parte del alcalde regionalista Jaume Monserrat y la posterior renuncia del Bloc. Sin embargo, el edil del PSOE Joan Aznar abandonó el partido sin entregar el acta de concejal y favoreció una nueva mayoría entre él mismo, El Pi y el PP de Catalina Soler. La izquierda pasó de gestionar el municipio junto a El Pi a estar en la oposición municipal.
El último episodio polémico se ha producido hace pocas semanas en Búger, donde el alcalde Pere Torrens, independiente que había encabezado la candidatura socialista en 2019, decidió incorporar a una regidora del PP al gobierno local en minoría, provocando la ira del PSOE regional, que finalmente ha tenido que disolver su grupo municipal en el municipio del Raiguer porque sus ediles han preferido abandonar el partido antes de ser llamados a filas. Ahora figuran como regidores independientes en el pleno municipal.
