La coalición Suma pel Canvi (SxC), integrada por PSOE e Independents, acusa al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, de aprobar en la junta de gobierno local desde 2017 hasta la actualidad licencias urbanísticas por la vía rápida y con informes técnicos en contra, algunas de las cuales vinculadas a personas próximas al propio alcalde.
Este grupo político que ha liderado la oposición durante el presente mandato tiene constancia de al menos ocho casos de licencias aprobadas en los últimos dos años, coincidiendo con la etapa de Monjo al frente de la alcaldía, con informes técnicos o jurídicos desfavorables y en algunos casos sin los informes preceptivos, y "siempre con la advertencia de la secretaria sobre la ilegalidad de los acuerdos", tal y como figura en las actas de la junta de gobierno.
SxC subraya que "llama la atención la velocidad con la cual se tramitan estas licencias", cuando "muchos ciudadanos tienen que realizar largos trámites para conseguir la aprobación de sus permisos de obra". Por contra, "una serie de personas se ven beneficiadas porque el alcalde somete a la junta de gobierno licencias que no han seguido todos estos trámites y no han subsanado toda la documentación necesaria". Algunas de ellas son presentadas en las reuniones 'in voce' por el propio alcalde, de forma extraordinaria, y en algunos casos socios de gobierno de Monjo se han ausentado de la votación "sabiendo las consecuencias que puede comportar", según SxC.
Presuntas irregularidades
La primera de las licencias presuntamente irregulares se aprobó en mayo de 2017 por la vía de urgencia a pesar de que la secretaria "advierte de la inexistencia de un informe jurídico, el cual, de ser emitido, sería en sentido negativo porque no consta la demolición del edificio existente", por lo que subraya la "ilegalidad del acuerdo". Según el acta, Monjo aseguró que la edificación existente ya se había derribado, por lo que "el alcalde sabía que se había demolido una edificación sin la preceptiva licencia urbanística", pero "en lugar de iniciar el expediente de infracción y esperar a la legalización de la situación, el alcalde decide proponer la aprobación de la licencia, obviando las advertencias".
En otro caso, Monjo propone en julio de 2017 aprobar la modificación de una licencia para implantar una vivienda en suelo rústico y legalizar unas ampliaciones efectuadas en el mismo solar. "En los dos casos la secretaria hace constar el carácter desfavorable de los informes, pero se aprueban por unanimidad de la junta", señala SxC. Además, la beneficiaria de estas licencias es la esposa un "amigo íntimo" del alcalde Monjo.
En febrero de 2018, la junta aprobó un permiso urbanístico que "no pasó todos los trámites ni presentó la documentación necesaria". La secretaria también advirtió de que el informe jurídico era desfavorable, ya que concluía que "no se podía dar la licencia mientras no se arregle la deficiencia".
En julio del mismo año, se aprobó otra licencia de reforma de un edificio de viviendas a pesar de que el informe era contrario debido a que no se acreditó la legalidad de la edificación. También en julio de 2018, la junta otorga un permiso de obras que afectan a un yacimiento arqueológico, y así lo hace constar la secretaria, que constata que "el permiso de instalación y obras no puede otorgarse sin un informe de Patrimonio". No obstante, el órgano de gobierno decide aprobarlo.
En noviembre de 2018, se presenta una propuesta de urgencia para otorgar una licencia de obra mayor para transformar un hostal en aparthotel, un expediente antiguo en el que no se habían subsanado las deficiencias que un informe jurídico ya constató en 2011. A pesar de las advertencias de la secretaria, la junta aprueba el permiso y el regidor Eugenio Garrido, del mismo partido que Monjo, se ausenta de la votación porque "está relacionado con la compraventa reciente de este establecimiento".
En otro caso de enero de 2019 el socio de Monjo, Martí Torres (PP), se ausentó de la votación a favor de otorgar una licencia de reforma y ampliación de una vivienda que "no ha acreditado su legalidad", tal y como apuntó la secretaria. Un informe jurídico es desfavorable a la concesión del permiso.
El último caso se remonta al pasado mes de abril, cuando se otorgó licencia para reformar y ampliar un hotel a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables y de la advertencia de la secretaria de la "infracción de la legalidad" que supone conceder este permiso.
Monjo niega las irregularidades
El alcalde de Santa Margalida negó ayer que la aprobación de las citadas licencias sea irregular y aseguró que todos los casos contaban con informes favorables del Consell de Mallorca, institución competente en suelo rústico. "Todo estaba subsanado cuando se aprobaron y en algunos casos concluyó con expedientes de infracción", aseguró.
Por contra, el alcalde contraatacó y acusó a algunos miembros de Suma pel Canvi de ejecutar obras ilegales. "Me presentan una declaración responsable para realizar una obra menor y después construyen una vivienda", dijo en referencia a uno de los regidores de la oposición. "Mi táctica siempre ha sido la de facilitar las cosas a la gente, cumpliendo la ley, mientras que la suya [en referencia a Suma pel Canvi] es la de poner impedimentos", señaló Joan Monjo.
