La controversia sobre la privatización del servicio de agua potable de la principal empresa pública, Calvià 2000, que acordó el PP hace más de cinco años, sigue aún viva en los tribunales. El recorrido de las demandas judiciales presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el PSOE -ahora en el gobierno municipal- contra esa externalización se encuentra en una de sus últimas fases.
Recientemente, el abogado Pablo Alonso de Caso, en representación de la CGT, presentó un escrito de conclusiones sobre los fundamentos de su demanda contra esa decisión del Consistorio. Y está previsto que en los próximos días haga la mismo el otro demandante, el PSOE. A partir de aquí, las otras partes implicadas deberán hacer lo propio, en la fase previa a que haya una resolución judicial definitiva.
El litigio, que marcó el tramo final de la segunda legislatura de Carlos Delgado como alcalde, se remonta a finales de 2009 y principios de 2010. El Ayuntamiento del PP decidió ceder, mediante un sistema de concesión administrativa, la gestión del agua que venía prestando Calvià 2000 en todos los núcleos del término menos Peguera, Santa Ponça, Costa de la Calma y El Toro. La empresa Sorea (Hidrobal, en Balears) ganó el concurso, ofreciendo un canon inicial de 20,2 millones de euros.
Los socialistas, por aquel entonces en la oposición, se mostraron especialmente beligerantes contra la medida, al considerar que descapitalizaría esta empresa pública e iría en detrimento de los trabajadores. Los empleados de Calvià 2000 organizaron a su vez acciones reivindicativas contra la privatización.
Entre los argumentos esgrimidos en su escrito de conclusiones ante el juzgado de instrucción número dos, la representación legal de la GGT sostiene que "no se ha podido demostrar" que el cambio de modelo estuviese "justificado" en aras de mejorar el servicio. En este sentido, recuerda que Calvià 2000 prestaba "satisfactoriamente" el servicio de agua potable desde el año 1989, "con normalidad y satisfacción tanto de la corporación municipal como del municipio en general". Otro de los argumentos que se ha expuesto en sede judicial por esta parte demandante se centra en subrayar que la duración del contrato -de 50 años- no se ha justificado debidamente con arreglo a la ley.
Pese a entrar en el gobierno en esta legislatura, los socialistas se mantienen personados en la demanda que se dirige contra una decisión del Ayuntamiento.