Cristian García, regidor de la Lliga, en la oposición del ayuntamiento de Santanyí, expresó su rechazo al proyecto de un gimnasio municipal que el PP pretende impulsar. Según la Lliga, "no es un servicio público que debe prestar este Ayuntamiento ya que no reúne las condiciones objetivas para ser considerado como tal". En este sentido, "este gimnasio sólo servirá para garantizar una competencia desleal con los diversos gimnasios privados que ya existen en el municipio y aledaños, atacando a la oferta privada, que debe ser el principal motor de recuperación económica".
García también reprochó al alcalde Llorenç Galmés: "Llama la atención que su partido [en alusión al PP] se manifieste cada vez que puede en contra del Plan-E promovido por el anterior gobierno nacional y que paralelamente se dedique a realizar con dinero municipal los mismos y fantasiosos proyectos que se financiaban con el Plan-E".
Este controvertido proyecto de gimnasio municipal figura en el Plan de acción anual 2014 de la Agenda Local 21 de Santanyí. La descripción de esta iniciativa es la siguiente: "Las instalaciones deportivas del núcleo de Santanyí son de lo más completas, atendiendo a que ya se dispone de campo de fútbol, piscina municipal y polideportivo. A día de hoy, la infraestructura que tal vez falte para acabar de complementar la oferta deportiva es un gimnasio. Atendiendo a esta necesidad, desde el Ayuntamiento se está estudiando la posibilidad de construir esta instalación al lado de las ya citadas. Así se ampliaría y mejoraría la oferta deportiva al tiempo que se dispondría de toda la oferta del núcleo centralizada en un mismo lugar". Los resultados deseados: "Disponer de un gimnasio que ayude a fomentar la cultura deportiva y la vida sana".
En el pleno, Galmés defendió el proyecto con firmeza: "Mucha gente pide esta instalación, este servicio es una demanda".
Intereses concretos
Por su parte, García acusó al PP de "pervertir el espíritu de la Agenda Local 21". Este plan "en manos del PP es un instrumento para revestir de una pátina de legitimidad popular a proyectos que, por conocidos, solo responden a intereses concretos y particulares, que nada tienen que ver con la participación ciudadana, ni con la promoción del medio ambiente ni el desarrollo sostenible. Hacen una utilización torticera de esta agenda. Debería ser un instrumento de participación y no un instrumento de manipulación política". Galmés negó estas acusaciones y contraatacó a García recriminándole que nunca asistió a una reunión. "Es un órgano totalmente abierto", subrayó.
