En marzo de 2011, el pleno del ayuntamiento de Palma aprobó por unanimidad la normativa que prohibía el botellón y desde entonces se han registrado más de 11.300 denuncias por este motivo, gran parte de ellas durante la pandemia.
La normativa antibotellón se ha ido modificando en estos diez años al igual que las zonas donde se prohibía expresamente la concentración de personas durante la noche, empezando por el Paseo Marítimo. La última reforma de la Ordenanza Municipal para el Uso Cívico del Espacio Público (Orucep) se aprobó en 2018, con sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros.
En esta última década, el Ayuntamiento ha incoado 11.383 expedientes por hacer botellón. De esa cifra, desde el 20 de marzo de 2020 y hasta ahora se han tramitado 4.015 denuncias por botellón, una práctica que durante el estado de alarma y toda esta pandemia ha estado más perseguida para evitar el riesgo de contagio de coronavirus. Este control llevado a cabo tanto por la Policía Local como por la Nacional es la que ha conllevado que en algo más de un año se hayan abierto casi un tercio del total de expedientes abiertos, apuntan desde el Ayuntamiento.
La primera ordenanza contra el botellón, la de 2011, prohibía las concentraciones que alterasen gravemente la convivencia ciudadana, ya fuera por deteriorar la tranquilidad del entorno o por provocar situaciones de insalubridad; también por molestar a viandantes u otras personas en espacios públicos; por impedir o dificultar la utilización normal de la calle o cuando hubiera menores concentrados bebiendo alcohol o consumiendo otras drogas.
La Defensora reclama desde hace años que estas sanciones se puedan conmutar por trabajos comunitarios
La última modificación de la ordenanza antibotellón, la de 2018, introdujo la posibilidad de sancionar la venta nocturna de bebidas alcohólicas para consumo en la calle y declaraba determinados lugares, considerados conflictivos como la calle del Jamón o la de los holandeses, en la Platja de Palma, como Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT), en las que se permitía actuar a la Policía Local con más contundencia durante unos meses determinados.
Y desde hace años, la Defensora de la Ciudadanía reclama que, tal como se prevé desde la primera normativa de 2011, se puedan conmutar las multas por botellón por trabajos en beneficio de la comunidad.
Cambios
Durante esta pandemia, con el ocio nocturno cerrado, mucha gente ha seguido quedando para beber en parques y otras zonas públicas. La empresa municipal encargada de la limpieza y recogida de basura, Emaya, ha detectado que se producen pequeñas concentraciones en determinados espacios, pero lejos de ser grandes concentraciones, como ocurría antes de la pandemia en los exteriores de las grandes discotecas, según explicó a este diario.
Los trabajadores de Emaya se encuentran restos de botellones generalmente en aparcamientos escondidos, como el de la calle Llucmajor, en El Molinar, o detrás de Ocimax, así como en el parque Alexander Fleming, en la plaza de las Columnas o en el parc de ses Veles. En la zona del Portitxol también ha habido quejas vecinales por la basura que dejan quienes se reúnen ante el mar por la tarde para beber.
