Al grito coreado de «¡Son Güells no es un polígono!» y con todo tipo de pancartas de rechazo a la planta de hormigón proyectada, más de un centenar de residentes se concentraron este martes formando una cadena humana alrededor del solar donde está prevista. El día clave es este jueves, ya que los técnicos de la Comisión Balear de Medio Ambiente votan sobre el futuro de la parcela situada en la urbanización de Son Güells.
Tal como afirmó la presidenta de la asociación de vecinos, Rosana Bustamante, son «optimistas al 50% por los informes negativos» emitidos en los últimos meses a causa de «la incompatibilidad de la planta con la salud» de los más de 800 habitantes de la zona, con una previsión de crecimiento que se quintuplicará, como advierten tanto Cort como la conselleria de Medio Ambiente.
Sin embargo, también temen que siga adelante «un proyecto contradictorio» con un entorno residencial, sanitario y deportivo, por lo que ayer se movilizaron para clamar a técnicos y políticos (votan la siguiente semana) que no quieren «respirar cemento», como decían muchas pancartas. El centenar de vecinos realizó una cadena humana con la distancia de seguridad requerida debido a la pandemia y simbolizando la protección de la parcela ubicada entre las calles Marie de Behen y Gaston Vuillier, justo enfrente de la residencia de Son Güells para personas mayores con una gran discapacidad. Convocados para defender el barrio contra la violación de su «derecho a una vida tranquila y salubre», corearon sin cesar «¡No, no, no, hormigonera no!» y alzaron carteles en los que se podía leer: «Queremos salir a jugar y no respirar polvo», «En casa no», «¿Residuos tóxicos? No» y «Por la salud de nuestros hijos», entre otros muchos.
Además, la pancarta colgada junto al torrente, donde se lee «Alorda, vota no», alude de forma clara al presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, que la próxima semana votará en base a la decisión que los técnicos adopten mañana.
La asociación de vecinos tiene por el momento el respaldo de los informes desfavorables de las conselleries de Medio Ambiente, Movilidad y Territorio, Salud y Asuntos Sociales, así como el del ayuntamiento de Palma a través de la Oficina del Plan General.
