El Ayuntamiento de Palma y el Govern balear se disputan la propiedad de los 691.103 metros cuadrados que ocupan las instalaciones y el pantano de Cúber. Esta parcela catastral, según la versión de Cort, fue incorrectamente inscrita en 1990 por la administración autonómica a su nombre, cuando es de titularidad municipal desde 1974.
En esta fecha esta superficie de la finca de Cúber fue adquirida por expropiación por la administración municipal, aunque el Estado subvencionó el 33% de su precio. Cuando finalizaron las obras de la presa el Gobierno central no tan solo hizo entrega a Cort de las instalaciones, «sino también de los terrenos afectados por éstas y que el Ayuntamiento de Palma adquirió en propiedad, como beneficiario de la expropiación que llevó a cabo la administración estatal».
No obstante, en 2012 el Govern solicitó al registro de la propiedad de Inca la inscripción a su nombre de esta parcela «sin presentar título de propiedad alguno y por el simple hecho de que estar ubicada en el centro» de otras parcelas catastrales que sí son propiedad de la Administración Autonómica.
Esta inscripción, desconocida hasta aquel momento por la administración municipal, «sorprendió en gran medida» puesto que no se explica que una simple solicitud de la administración autonómica haya servido para incorporarla como parte de su propiedad.
El Ayuntamiento ha solicitado en el registro de la propiedad de Inca la inscripción de esta superficie a su nombre, algo que le ha sido denegado.
Por ello, en la junta de gobierno celebrada esta mañana se ha acordado interponer un recurso ante la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del ministerio de Justicia.
Paralelamente, según el portavoz del equipo de gobierno, el teniente de alcalde Alberto Jarabo, se han iniciado conversaciones con el Govern con el fin de solventar por la vía amistosa esta situación.
