La concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, no podía ocultar ayer su satisfacción ante la aprobación por parte de la junta de gobierno municipal del proyecto de modificación de la ordenanza para el uso cívico del espacio público, conocida como antibotellón. Ha conseguido su objetivo, aunque parcialmente, puesto que era partidaria de introducir en la normativa la tipificación de más conductas como falta leve, grave o muy grave, entre ellas la posibilidad de multar a los clientes de las prostitutas, como se contemplaba en la antigua ordenanza cívica, aprobada en el anterior mandato en solitario por el PP y tumbada por los tribunales de justicia, tras estimar un recurso presentado por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Lo anterior no fue posible, entre otras cuestiones, por mantener un mínimo de coherencia, puesto que tanto el PSOE como el Bloc habían rechazado esta posibilidad.
Disposición transitoria
Es bastante frecuente en política que lo que un día es imposible al siguiente se pueda realizar. Algo así ha pasado con la posibilidad de mantener en vigor la prohibición de la venta ambulante ilegal en la ordenanza de terrazas mientras no esté aprobada su regulación en la modificación de la del uso cívico del espacio público mediante una disposición transitoria. Ahora resulta que se va a hacer de este modo, por lo que no será necesario ni aplicar la denominada Ley Mordaza, ni habilitar una instrucción de servicio ni un decreto.
Noguera recibe a los auditores
Mientras, el alcalde, Antoni Noguera, recibió ayer en audiencia a la junta directiva del Colegio de Auditores de Balears, con su presidente, Julio Capilla, al frente, acompañado por el secretario, Alberto Garau. Ambas partes se emplazaron a mantener una reunión con el área de Intervención para tratar sobre el real decreto que obliga a los ayuntamientos a auditar todas sus entidades a partir del uno de enero del próximo año.
