El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma plantea, en la modificación de la ordenanza para el uso cívico del espacio público, conocida como antibotellón, la posibilidad de adelantar el horario de cierre de los establecimientos que vendan alcohol en las zonas turísticas conflictivas.alcohol en las zonas turísticas conflictivas.
Esta, y no otra cuestión, es la que, según la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, retrasa la aprobación de la modificación de la norma, que también debe incluir la regulación de la venta ambulante ilegal, el trile y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle.
Según la concejala, la aprobación de la norma está pendiente del informe de los servicios jurídicos municipales, que están estudiando si el Ayuntamiento tiene competencias para limitar, en determinadas circunstancias, la actividad de los establecimientos.
En concreto, la nueva norma pretende que no se puedan publicitar ofertas de alcohol, aunque está por ver qué pasa si el anuncio se coloca en el interior del local. Según la concejala, estas limitaciones estarían en vigor solo en aquellas zonas de gran afluencia turística previamente declaradas como de especial protección a efectos de la ordenanza antibotellón, previo informe de la Policía Local.
Acuerdo político
Según la concejala, el acuerdo político para la regulación de la venta ambulante ilegal entre los grupos que conforman el equipo de gobierno se ha producido "hace más de un mes", desde que aceptó que la modificación de la norma no incluyera la posibilidad de multar a los clientes de las prostitutas, como era su pretensión inicial.
En relación a la venta ambulante ilegal, en la nueva norma, el ejercicio de esta actividad se considera como una falta leve y se establece la posibilidad de graduar el importe de la sanción a imponer en función de si el vendedor lleva la mercancía o si la deposita en el suelo o en una manta.
En el primer caso, se aplicaría la franja más baja, de 100 euros. En el segundo, la sanción puede alcanzar los 700 euros.
La concejala explicó que, sin el informe de los servicios jurídicos municipales, no se puede aprobar la nueva norma, algo que no ocurre en ayuntamientos como el de Calvià o Llucmajor en los que, para proceder la aprobación de una nueva ordenanza, solo es preciso el informe favorable del secretario municipal.
Asimismo, Pastor negó las acusaciones del grupo municipal del PP, que denunció la pasividad de la Policía Local en relación a la venta ambulante en la Platja de Palma y afirmó que, desde el pasado 29 de marzo hasta el 30 de mayo, se han desarrollado 48 operativos, lo que supone que algunos días se han realizado dos o tres, y se han decomisado 22.500 objetos.
El PP también pide a Salom que retire el recurso contra la carrera profesional
El PP de Cort se sumó en el último momento a la petición del resto de los grupos con representación en Cort que instaban a la Delegada del Gobierno, Maria Salom, a que retire el recurso interpuesto contra la carrera profesional que, desde hace cuatro meses impide que los 2.500 funcionarios municipales reciban este complemento de entre 200 y 600 euros mensuales. Un grupo de funcionarios se manifestó en el salón de plenos exigiendo también a Salom la retirada del recurso o su dimisión. Pedro Castro, de CC OO afirmó que la supresión del complemento ha supuesto un retroceso de 10 años en sus retribuciones.
