Media hora después de que los escolares del colegio Lluís Vives hubiesen entrado en el centro, tres furgonas y cuatro coches de la Policía Nacional rodearon el edificio vecino, la antigua residencia de ancianos de sa Nostra, ubicada en sa Riera. La orden del juez era tajante: desalojar el inmueble e identificar a sus ocupantes. Las denuncias de los vecinos hallaban respuesta. La operación se saldó con catorce personas desalojadas en poco más de una hora de actuación de un dispositivo formado por 50 agentes de la UPR. No hubo disturbios.

Desde el pasado verano, el edificio de Can Domenge ha sido ocupado por más personas y, según los vecinos, muchas de ellas han provocado incidentes tan graves como incendios, tráfico de drogas, incluso hay quien denuncia que había prostitución.

La entidad bancaria propietaria del geriátrico BMN ya pidió en julio que se desalojara a los ocupantes ilegales. El juez del juzgado número 12 daba orden ayer de desalojar el edificio, de identificar a los que estuvieran entro en el momento de la actuación policial. Ahora la propiedad deberá tomar las medidas de seguridad dictaminadas por el juez.

Desde el banco indicaron que ya existía vigilancia pero tras la sucedido, "se reforzará la seguridad y se tapiarán las entradas y escaleras de emergencia" a fin de evitar más casos de intrusismo.

Los vecinos llevaban meses quejándose y denunciando robos en los comercios cercanos, disturbios que procedían del interior de este edificio, en el que habían llegado a ver cómo menores consumían drogas. Una ocupante del mismo aseguró ayer que "se traficaba".

"De las sesenta personas que merodean por ahí dentro, cuarenta son mala gente. Algunos no viven, son jóvenes del barrio que vienen a drogarse. Son chicos problemáticos; luego también hay pobre gente que no tienen donde ir", señaló Daniel Rodríguez, un trabajador del servicio de mantenimiento del colegio vecino, Lluís Vives.

Precisamente, tres padres, Roberto Arredondo, Israel Gil y Blanca Gil, que acababan de dejar a sus pequeños en el centro, indicaron que "es necesario que se tomen medidas; pero deberían avisar porque aquí hay un colegio, y no vaya a pasar un desastre".

La toma de la antigua residencia de personas mayores fue tranquila. Sobre las diez de la mañana, la Policía Nacional llegaba al inmueble en coches y dos motos, sin sirena, y estacionaron en la entrada bloqueando el paso al tráfico sin mayores molestias puesto que es una travesía de General Riera con escaso movimiento.

Varios efectivos entraron con casco y aprovisionados de martillos para desalojar el edificio. Se escucharon unos cuantos golpes y voces. Entraron por los pisos superiores. Al cabo de una hora, empezaron a salir con cuenta gotas las catorce personas que pernoctaban en él.

Algunas de las personas tenían procedencia extranjera, pero la mayoría eran españoles. Tres mujeres, y el resto hombres. Todos, mayores de edad.

Algunos se taparon la cara para evitar ser retratados por los numerosos medios que estaban en la puerta, y otros como una mujer de media edad y su hijo se encararon sin mayores consecuencias. Solo al asomarse una vecina al balcón que daba a la entrada principal del edificio desalojado se escucharon insultos. "¡Perra, asquerosa! ¿Qué culpa tenemos si no tenemos trabajo? Me voy a la calle, ¿qué te parece?", increpó el hijo.

Yolanda C. llevaba viviendo más de un año en Can Doménech. Sentada en un banco, rodeada de bolsas y una maleta grande, enviaba mensajes con su teléfono. "Tengo 41 años. Estoy sin trabajo y mi familia no quiere saber nada de mí. Me he rehabilitado. A los 7 años ya era alcohólica; a las 12 me pinchaba heroína, pero ya no. Aquí se vivía bien hasta que llegaron los menores de es Pinaret. Se vendía y consumía chocolate, pastillas y marihuana; la compraban gente con pasta y fumetas. ¿Dónde voy ahora?", se preguntaba.