José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, y Álvaro Gijón, diputado y concejal en la oposición en Cort, son los dos nombres de los políticos que en estos momentos están siendo investigados por su presunta relación con la trama corrupta que salpica a la Policía Local, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes de toda solvencia.

El juez Manuel Penalva viene reiterando en sus últimos escritos, referidos a la prolongación del secreto de las actuaciones, que los policías locales, tanto los mandos como los agentes, han venido contando con el apoyo de determinados políticos con responsabilidad de gestión. El magistrado, en ningún momento, menciona los nombres de estos políticos, dado que no le interesa, al menos mientras esté el caso bajo secreto de sumario, desvelar sus identidades, puesto que en estos momentos se están siguiendo varias pistas que apuntan hacia su implicación.

El juez deja claro que detrás de esta trama existía una intención política de dominar los puestos claves dentro del organigrama de la Policía Local, supuestamente con la intención de beneficiar o perjudicar a determinados empresarios de la ciudad. De allí que la Policía Local, a través de su antiguo jefe, Antonio Vera, supuestamente amañara unos exámenes de ascenso para situar en estos puestos claves a determinados policías, que serían personas de máxima confianza de los políticos que dominaban en ese momento el poder municipal.

Muestra de ello, según relata el juez en su última resolución, es que antes de que se celebraran los exámenes, en los que varios alumnos recibieron las preguntas y las respuestas de la prueba, Vera mantuvo una reunión previa con algunos de los aspirantes, en la que ya se determinó el destino que iban a ocupar.

Los policías locales de Palma, que los investigadores sitúan cerca del Partido Popular, habrían estado presumiendo entre sus compañeros incluso del cargo que cubrirían. Así, por ejemplo, uno de los agentes que el viernes ingresó en prisión, acusado de quedarse con la droga que intervenía en la inspección de los locales, habría estado diciendo que iba a ocupar el cargo de comisario. Era uno de los que se presentaba al ascenso a oficial (le filtraron las preguntas), pero en ese momento solo era un agente de la escala básica.

Toda una estructura

Los investigadores tienen muy claro, y así lo resalta el juez Penalva en su último auto, que los policías que participaron en esta trama pretendieron crear "una estructura corrupta, o en el menor de los casos dócil y maleable, desde la base hasta la cima". Una estructura que les permitía actuar con "absoluta impunidad", al mismo tiempo, que se pondrían al servicio de "determinados políticos y su partido". Políticos que serían, aunque no los cita expresamente, Rodríguez y Gijón, y posiblemente alguno más. Y el partido, sin duda, sería el PP.

No es la primera vez que el nombre de Álvaro Gijón sale señalado en esta investigación. El excomisario Estarellas ya lo mencionó en la declaración que realizó ante el juez hace ya algunos meses. Dijo que el entonces concejal le había prohibido que siguiera con los expedientes de sanción que estaban instruyendo contra uno de los policías, Daniel Montesinos, que precisamente se encuentra en estos momentos en prisión. Este agente, que además es interino, fue quien recibió las preguntas de la oposición interna, cuando ni siquiera iba a presentarse, para que las filtrara a tres de sus compañeros, como así hizo a través de un correo electrónico. Cuando saltó el escándalo no se entendía el motivo por el que este policía habría recibido esta información, siendo sobre todo un agente interino, salvo que contara con una información comprometida que pudiera afectar a algún cargo político. Lo cierto es que este policía, a pesar de estos expedientes en su contra, pudo regresar cuando quiso al destino que más le interesaba, que era el de la comisaría de la Playa de Palma. Aprovechando su condición de policía se dedicó después a vender seguros a los empresarios del Arenal. Los investigadores están convencidos de que los mandos de la Policía Local han cubierto a Daniel Montesinos, ordenando que todas las actuaciones disciplinarias quedaran archivadas.

El juez no da muchos detalles, pero lógicamente deja claro que una de las líneas de investigación que se sigue ahora, y que motiva el secreto de sumario, es que se cree que "cargos políticos" (sin mencionar a ninguno de ellos) estarían "disfrutando de las mismas prebendas gratuitamente". E insiste que la "persona que desde el primer momento aparece como político vinculado a la trama...."

Los investigadores sospechan que estos políticos, además de dominar a los mandos de la Policía Local, también estaban haciendo lo mismo con otros departamentos del Ayuntamiento de Palma. Sobre todo se trataría de algunas áreas de urbanismo, las que se encargarían de otorgar licencias municipales para abrir negocios. Se cree que estos políticos habrían ordenado acelerar licencias a locales propiedad de empresarios de su entorno.