El Ayuntamiento de Palma indemnizará con 1,3 millones a los 11 propietarios de los tres inmuebles de la calle Antoni Pons que hace nueve años tuvieron que ser desalojados debido a los desperfectos causados principalmente por una fuga de agua procedente de la red de Emaya.
Transcurridos casi diez años de los hechos, el equipo de gobierno de Mateo Isern está a punto de cerrar un acuerdo con los once propietarios de los inmuebles situados en los números 15, 17 y 19, que fueron los más afectados.
En concreto, según explicó el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, el acuerdo incluye el reconocimiento compartido de la responsabilidad, de ahí que el Ayuntamiento solo abone 1,3 millones de los cuatro que solicitaban inicialmente los propietarios de los inmuebles afectados.
De esta cantidad, 859.000 se abonan en "especie" meditante la entrega de cinco viviendas y un aparcamiento. Los 418.000 euros restantes se entregarán mediante una serie de pagos condicionados al derribo del inmueble situado en el número 17 y la rehabilitación de los dos restantes.
El Ayuntamiento permutará dos viviendas a cambio de la titularidad del solar del número 17, que se debe derribar. El resto de propietarios, que abandonarán las casas de titularidad municipal que ahora ocupan, podrán volver a su vivienda después de la rehabilitación y serán indemnizados económicamente con tres pisos y un aparcamiento.
El Bufete Valls se adjudicará tres viviendas, un estacionamiento, más el solar del edificio que se debe derruir. Lo anterior está valorado en 859.000 euros. A cambio deberán ejecutar tanto las obras de derribo como las de rehabilitación de los dos edificios restantes para que el resto de propietarios puedan volver a sus viviendas. A medida que se vayan realizando estas obras el Ayuntamiento irá abonando los 418.50 euros adicionales incluidos en el pacto.
El año pasado el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con los inquilinos que ocupaban los inmuebles en el momento en que tuvieron que ser desalojados. La mayoría de ellos se quedaron con la vivienda en régimen de alquiler social que el Ayuntamiento había puesto a su disposición cuando ocurrieron los hechos o bien con otra perteneciente al parque municipal de casas de alquiler en las mismas condiciones.
De los doce procedimientos judiciales que se habían interpuesto por parte de los inquilinos y propietarios de los tres inmuebles, cuatro ya se han resuelto, algunos de ellos culpando al Ayuntamiento de lo ocurrido debido a la fuga de agua de la tubería de Emaya, y aún quedaban ocho recursos judiciales por resolver. La cuantía de la indemnización a la que debería haber hecho frente el Ayuntamiento en caso de perder, supera los 4 millones, de ahí que el teniente de alcalde Jesús Valls calificara el acuerdo alcanzado como una "buena solución para todos, tanto para las familias, como para el Ayuntamiento".
El acuerdo también evita que los edificios afectados se sigan degradando, puesto que en estos momentos aún permanecen precintados desde hace nueve años. El teniente de acalde recordó que en estos momentos aún hay siete familias, propietarias de una de las 18 viviendas afectadas que están ocupando una casa de propiedad municipal a coste cero. Con el acuerdo se les da una solución definitiva al tiempo que Cort podrá sacar un rendimiento de las casas que ahora ocupan.
