El incumplimiento por parte del ayuntamiento de Palma de la denominada Ley Montoro de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha provocado que cuatro concejales de los 24 que disfrutaban de esta circunstancia pierdan su dedicación exclusiva.
El alcalde, Mateo Isern, ha decidido por decreto que los cuatro ediles afectados sean de la oposición dejando de esta manera intacta la dedicación y las retribuciones de los 17 miembros del equipo de gobierno.
Quince de los 17 integrantes del grupo municipal del PP, incluido el alcalde, disfrutan de la dedicación exclusiva. El teniente de alcalde Álvaro Gijón renunció en su día a la paga del Ayuntamiento y solo percibe la de gerente del Consorcio de la Platja de Palma. Por otra parte, la concejala Sandra Fernández pasó a ser retribuida por dietas cuando fue nombrada consellera de Familia y Servicios Sociales. El resto de tenientes de alcalde incluidos los concejales delegados disfrutan de la dedicación exclusiva.
El decreto de alcaldía afecta a dos concejales del PSOE y a otros dos de Més. El grupo municipal socialista disponía de seis concejales con dedicación exclusiva incluyendo en esta categoría a su portavoz, Aina Calvo.
Tres de los ediles socialistas (Andreu Alcover, Yolanda Garví y Guadalupe Pulido) tenía dedicación parcial ya que compaginan su trabajo de concejal con su cargo de funcionarios.
En este grupo se van a quedar sin la exclusiva los concejales José Hila y Begoña Sánchez, que quedarán como ediles con dedicación parcial con un régimen de dedicación mínima del 75 por ciento en el primer caso y con compatibilidad reconocida en el segundo.
En el caso de Més solo tendrá dedicación exclusiva su portavoz, Antoni Verger, mientras que los concejales Antoni Noguera y Neus Truyol pasaran a tenerla parcial.
El portavoz de este grupo municipal, Antoni Verger, considera que la decisión "es injusta y desproporcionada", puesto que solo afecta a los concejales de los grupos de la oposición, cuando el incumplimiento de la denominada Ley Montoro es atribuible al equipo de gobierno. Por ello Verger afirma que la decisión "recorta la democracia" y la capacidad de controlar el gobierno municipal por parte de la oposición.
