Un grafiti en el asfalto recuerda la fecha que les cambió la vida. El 11 de noviembre de 2005 dos viviendas de la calle Antoni Pons fueron desalojadas. Luego, otras dos más. El ayuntamiento de Palma consideró entonces que los inmuebles eran inseguros. "Muy peligrosos", según los bomberos, ya que hubo filtraciones de agua en el subsuelo de la calle que crearon un socavón en el pavimento.

Cinco años después ninguna autoridad ha hecho nada para arreglar la situación. Ni han derruido los edificios, ni han reforzado su seguridad, ni han ofrecido una solución aceptable a los propietarios.

En ese trozo de calle está prohibido el paso de vehículos excepto para los que tienen un garaje, pero hay coches aparcados junto a ambas aceras, pegados a los puntales de los inmuebles desalojados. En la vía también se acumulan restos de obras y hierros oxidados. También crecen los hierbajos sin control.

Estos pisos, en teoría clausurados por la Policía Local, tienen puertas rotas y precintos partidos por el vandalismo. Silvia Pérez, una de las expulsadas en 2005, denuncia que la semana pasada un hombre reventó el acceso al número 19 de Antoni Pons. "Yo creo que estuvo rebuscando para ver si podía robar el cobre de la instalación eléctrica", afirma la afectada.

Los vecinos, que dieron la voz de alarma y llamaron a las fuerzas del orden, explican que el ruido les despertó en mitad de la noche, pero que esa no es la única deficiencia de seguridad con que cuenta la manzana.

Según su testimonio, la Policía sólo multa a los vehículos cuando los vecinos se quejan de que están estacionados en la calle –allí está prohibido aparcar–. "Hay chiquillos jugando con un balón y dan pelotazos a las paredes de los edificios que se están cayendo. Hay cucarachas paseándose y también dicen que se vende droga en los bajos del número 15", protesta una residente de Antoni Pons, Bárbara Vich. "Nadie se preocupa por nosotros. Aquí nos han dejado abandonados", sentencia.

Vich vive en un edificio con grietas de arriba abajo en la fachada. Unas hendiduras que recuerdan a las de los edificios que se derrumbaron el pasado octubre en la calle Rodríguez Arias, en el Camp de´n Serralta de Palma.

"La alcaldesa no da la cara"

Silvia Pérez cuenta que el Ayuntamiento les dice "desde hace cuatro meses que están buscando un piso para cambiárselo". Según su relato, el Consistorio quería comprarles su vivienda desalojada por 80.000 euros para construir otras de protección oficial y vendérselas en primera preferencia a 210.000 euros. "No lo pudimos aceptar, era demasiado dinero. Así que ahora nos ofrecen cambiarnos los nuestros pisos por otros de segunda mano. Llevan meses pensándose el valor de nuestras viviendas y no nos han dicho nada", declara Pérez.

Pero eso ha sido ahora, casi cinco años después de su tragedia personal. Antes, según ella, fueron ignorados por las autoridades municipales. "Pedimos reunirnos con la alcaldesa, íbamos a los plenos para intentar hablar con ella pero no dio la cara y aún estamos esperando", afirma. Ahora Pérez sólo desea poner el punto y final a este cuento de nunca acabar: "Antes pedía que me arreglaran la casa. No era mi culpa; todo iba bien hasta que se hundió el suelo tras reventar la tubería. Ahora ya me da igual. Prefiero que me cambien esa casa por la que tengo ahora", que es del Ayuntamiento.