Las normas que dicta la administración y que se publican en el BOE deben cumplir una serie de exigencias: ser inteligibles, claras y precisas. Cuando su objetivo y su cumplimiento afecta a otras administraciones con competencias sobre las materias en las que tratan, es de puro sentido común que antes de ser dictadas se consensúen con ellas. No parece que el Real Decreto-Ley 14/2022 que entró en vigor el pasado miércoles reúna estas características. Los movimientos gubernamentales tras la publicación del mismo parecen confirmar sus insuficiencias, más allá de presuponer las buenas intenciones de ahorro energético solidarias con el resto de la Europa más vulnerable a la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania. Son los movimientos de Sánchez y sus ministros movimientos a la defensiva, por las peticiones de retirada de las autonomías gobernadas por el PP y por las reticencias del gobierno catalán y el vasco. Hay que cumplir las leyes, por supuesto, pero los precedentes de los decretos del estado de alarma declarados ilegales por el Tribunal Constitucional refuerzan la desconfianza ante un ejecutivo que rehuye el pacto, practica la imposición y tiene el desparpajo de acusar a la oposición de destructiva y negacionista. No tiene otra opción para mantenerse en el poder.
Que el pasado lunes la ministra Ribera convocara una reunión con los consejeros de las autonomías para evacuar consultas y aclaraciones es una evidencia clara de la confusión que emana del decreto; y que se hubiera podido evitar de producirse las consultas antes de su promulgación. Que tras la reunión manifestara que ni se iba a retirar ni rectificar revela un incomprensible «sostenella y no enmendalla» impropio de un gobernante. Que la ministra, en relación con la temperatura del aire acondicionado en las empresas aluda a expresiones como «en torno a», «aproximadamente», «más o menos», refleja unas imprecisiones que no debería permitirse un decreto cuya aplicación e imposición de sanciones (desde 60.000 hasta millones de euros) vayan a corresponder a autonomías y ayuntamientos. Recordemos que todas las millonarias sanciones durante el estado de alarma quedaron sin efecto tras las sentencias de inconstitucionalidad. Lo menos que se puede exigir a un gobierno al hacer uso abusivo del decreto-ley, que sólo se puede justificar por razones de probada urgencia (Sánchez está instalado en ella), es que sea inteligible y ofrezca seguridad jurídica a quienes deben aplicarlo: autonomías, ayuntamientos y empresas y negocios afectados. El Gobierno genera normas sin diálogo, imprecisas e ininteligibles. Hay que reconocer que, en ese estadio, la exigencia de cumplir la ley como único recurso argumental es de una indigencia política alarmante, especialmente cuando en la mochila gubernamental figuran dos condenas del Tribunal Constitucional a sus decretos.
Pero lo que genera perplejidad no es la postura de la oposición ante el buñuelo legislativo del Gobierno. Salen en tromba las ministras al compás del «a por todas» de Sánchez, contra Ayuso, insumisa a la ley, contra Feijóo, acusándoles, a la primera de improvisación, al segundo, de falta de liderazgo, e instándole a que ponga orden en su partido donde quien marcaría la agenda sería la presidenta de Madrid y no él. Reyes Maroto acusa al PP de «generar confusión con el decreto» (hay que ser muy sectaria y desvergonzada para retorcer los hechos hasta este punto y sostener un relato incompatible con la verdad). La inefable María Jesús Montero, sin darse cuenta cabal de las palabras con las que martillea cuanto auditorio se le pone por delante, espoleada por su nuevo cargo dice, literalmente, como lo escuché en las noticias: «Es un decreto muy estudiado, muy riguroso en criterios técnicos (sic). A cada respuesta del Gobierno de España se inventan (el PP) un problema, como si la ciudadanía no tuviéramos (sic) ya problemas suficientes». Así lo escuché y así no lo reflejó la mayoría de la prensa, excepto una minoría: «como si la ciudadanía no tuviera ya problemas suficientes». Montero, además de tomarnos por tontos, identifica Gobierno con la ciudadanía, en un lapsus linguae que muestra la inabarcable demagogia en la que están instalados; la oposición del PP sería un orco que pretende destruir al Gobierno y, simultáneamente, a la ciudadanía. Somos conscientes del deterioro y polarización del poder político, pero no de su paralela traslación al poder mediático. Nos centramos en el primero, pero la virtualidad democrática desaparece sin una prensa independiente, ajena al seguidismo de la polarización política.
Ribera dice que no van a retirar el decreto. La arrogancia pueril con la que se reviste, despreciando las críticas de improvisación y falta de rigor y redirigiéndolas a la oposición, es el único recurso que le queda al Gobierno. Admitirlas sería tanto como dar por cierta la incompetencia del Gobierno, reconocerse como responsables de un bodrio legal; tanto como aceptar sin revolverse una vuelta de tuerca adicional en el que ya parece un camino irreversible hacia la derrota electoral. El ir «a por todas» significa ya optar por el desatino, por la demagogia más disparatada, por el ridículo más patético. Como atestiguan las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en defensa del decreto: «O estamos con Europa o con Putin». Al autócrata Sánchez, rodeado de los mediocres y los inútiles con los que se ha dotado, no le quedan más recursos que azuzar todavía más el odio y la polarización, por ejemplo, con los bancos, atribuyéndoles una codicia y una insolidaridad rayanas en lo delictivo. Contrapuso a esos atributos la generosidad del rescate bancario del Estado, obviando que fue destinado mayoritariamente a las cajas de ahorro quebradas, gestionadas por el PP, el PSOE e IU, sin que nadie tuviera que lamentar la pérdida de sus depósitos; lo que no ocurrió con los accionistas de los bancos que sí tuvieron que asumir la desvalorización de sus acciones. La carga que acarrea el Gobierno no tiene tanto que ver con la ideología como con su sectarismo (las leyes, tiene que cumplirlas la oposición, mientras se pacta con los nacionalistas catalanes su transgresión, se incumplen las sentencias judiciales y se convierte el Gobierno en tercera instancia judicial mediante los indultos) y su incompetencia.