La deuda pública se ha disparado, según datos del Banco de España, hasta la «nadería» de 1,43 billones, lo cual equivale un 122,1% del PIB. Se trata de un máximo histórico que seguirá creciendo y que la arrastrarán algunas generaciones. Es responsable, en un 87%, de esta deuda la estructura del Estado español y, así pues, España incumplirá el objetivo de deuda comunicado a Bruselas, lo cual tiene su trascendencia. La inflación se ha situado en el 5,5% en el mes de octubre, la más alta en los últimos 29 años, noticia que preocupa a cualquier ciudadano, pero no al gobierno, que dice, tontamente, que bajará, que la inflación es pasajera. La previsión gubernamental sobre crecimiento de la economía, el PIB, para este año se sitúa en un 6,5%, pero según la Unión Europea será del 4,6% como mucho. En estos demoledores datos coinciden también el Banco de España, Airef y el Fondo Monetario Internacional, -menudo deslizamiento el del gobierno de Sánchez-, esto supone una desautorización contundente a las previsiones del ejecutivo. Hemos pasado de presumir de que tendríamos el crecimiento más alto de Europa a que nos sitúen en la cola entre el resto de países europeos.
¿Es el despilfarro la causa de estos pésimos datos?, seguramente sí. Si nos comparamos con otros países europeos observaremos algunas diferencias en la forma de gastar y administrar el dinero público. Veamos, Alemania con 83,24 millones de habitantes tiene 13 ministerios y 150.000 cargos políticos, es decir uno por cada 800 habitantes y, se trata de un país fuertemente descentralizado, - 16 landers -, Francia con 67 millones de habitantes tiene 19 ministerios, EE UU que tiene 329 millones de habitantes cuenta con 13 ministerios y la España de Sánchez con 47 millones de habitantes mantiene 22 ministerios y 445.000 cargos políticos, un cargo público por cada 115 personas, o sea más políticos en activo que médicos, policías, fuerzas armadas y bomberos juntos. Esto de por sí pone en evidencia que estamos ante un país despilfarrador. Si a esto le añadimos además que mantenemos 2.800 empresa públicas estatales y 2.350 autonómicas ya empezamos a entender por dónde se va el dinero. Si analizamos el PRESUPUESTO y nos fijamos a cuanto asciende la nómina de la cúpula gubernamental veremos que asciende a casi 800 millones. Es poco pudoroso que los sueldos del gobierno suban, y suben, cuando la mayoría de ciudadanos ve rebajados sus ingresos a causa de la inflación y de la crisis. El porcentaje de población en situación de necesidad ha pasado, en estos dos últimos años, del 4,7% al 7% de los habitantes, es decir, a 3,3 millones de españoles.
España es el país con la flota de coches oficiales más grande del mundo occidental, 40.000 vehículos cuyo mantenimiento cuesta 1.200 millones anuales. Desde que llego Sánchez a la Moncloa se han comprado 334 coches más. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos cuenta con 412 automóviles a disposición de las secretarías de estado. Los de Podemos antes de llegar al poder criticaban los privilegios de la casta y las ventajas de las que disfrutaba la clase política, pero al ocupar los ministerios, de Trabajo, Derechos sociales, Consumo, Universidades e Igualdad están utilizando 20 vehículos oficiales asignados exclusivamente a ellos y sus altos cargos. Los estatutos del partido Podemos establecen la obligación de renunciar a estos privilegios, dicen que sus cargos deben de dar ejemplo y usar el transporte público. La realidad es muy distinta, todos ellos, ministros de Podemos e Izquierda Unida, no solo no han renunciado al coche y chofer sino que han incrementado el número de vehículos a su servicio y el gasto por este concepto, hasta el punto que con tanto vehículo oficial acabarán arrollando a algún votante, ya han atropellado sus propios estatutos.