Tratar de minimizar el resonante éxito que el TC ha ofrecido a Vox es de ilusos. La extrema derecha se ha hecho, merced a Tribunal al que se puede cuestionar legitimidad por estar incompleto y tener con mandato caducado a varios de sus magistrados, lo que se hace extensivo, en su totalidad, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluido su presidente, el oblicuo Carlos Lesmes, con un trofeo que tiene y tendrá importantes repercusiones políticas. No sorprende la estupefacción con que algunos medios de la derecha acogieron el miércoles la sentencia que anula el confinamiento establecido en marzo de 2020 al amparo del Estado de Alarma: cómo hacer para atizar al Gobierno sin que la extrema derecha obtenga rentas excesivas de la sentencia, provocada por su recurso; no dejar, otra vez, en evidencia al PP. Por ello se ha resaltado la división del TC: seis magistrados a favor del recurso por cinco en contra. Entre los favorables a estimarlo Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, magistrada propuesta por el PSOE. Se desbarata la pretensión de establecer que ha sido la derecha del Constitucional la que ha hecho inmenso favor a Vox. No ha sido así, puesto que el presidente Juan José González Rivas, conservador propuesto por el PP, y el magistrado Carlos Ollero, del Opus Dei, que batalla infructuosamente para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley del Aborto, han quedado en minoría avalando la legitimidad del confinamiento. Un cierto galimatías, que, en realidad, no lo es, puesto que lo que ha habido, según expertos en Derecho Constitucional, ha sido debate doctrinal, alejado de la calle, que pasa por establecer cómo pueden restringirse derechos fundamentales. El de libre circulación lo es sobradamente.
Dejemos los aspectos jurídicos, abrevadero de quienes se dedican al Derecho; vayamos a las consecuencias políticas, y en ellas la extrema derecha, insistamos, obtiene resonante victoria tanto estratégica como táctica, porque fue Vox el único grupo del Congreso de los Diputados que, después de votar la primera vez a favor del Estado de Alarma, decidió que no daba más aire al Gobierno pasando al voto negativo, mientras que el PP votó las sucesivas prórrogas hasta que cayó en la cuenta de que los hermanos separados estaban conquistando aceleradamente terreno. La reacción de Pablo Casado ha sido sintomática: declara a la defensiva que son los únicos que han exigido la aprobación de una ley de pandemias que, visto lo decidido por el TC, tampoco solucionaría el hecho de que el confinamiento requiere del Estado de Excepción. Pone los pelos como escarpias imaginar lo que gobierno de derecha dura amparado por Vox haría con semejante instrumento a su disposición: detenciones policiales durante diez días sin control judicial, intervención en domicilios, clausura de medios de comunicación, expulsiones inmediatas de extranjeros. Pandemia combatida con Estado de Excepción. Inmenso dislate. Es lo que decide el Tribunal de Garantías cojo, parcialmente deslegitimado. Otra consecuencia: el Gobierno zarandeado. La nueva ministra de Justicia Pilar Llop hizo alegato insostenible. Qué es eso de que el confinamiento salvó varios cientos de miles de vidas. Cuál es criterio científico que lo establece. Además, de ser así, se le puede dar la vuelta al argumento: dejar de tomar otras medidas o haberlas adoptado equivocadamente ha ocasionado muertes evitables. El Gobierno ha sido desautorizado. Queda desmantelada la estrategia seguida, aunque sea a deshoras, cuando ya no regía al Estado de Alarma, que tal vez se levantó apresuradamente por tenerse noticias en Moncloa de por dónde iba a decantarse el TC. El descrédito institucional se acentúa. Eso es innegable salvo para quien no quiera verlo.
