Es adecuado colegir que no se pagará factura electoral por la actuación del Gobierno balear al ir más lejos que nadie en establecer limitaciones a la libertad de la ciudadanía. Pasarán los meses, cuando llegue la primavera de 2023, con la recuperación económica desplegada a toda vela, la corta memoria que caracteriza a las sociedades actuales vivirá otro presente, no habrá cuentas que pasar al cobro. Eso es lo plausible, a lo que se aferra el Ejecutivo de la señora Armengol. No por ello hay que despachar el grave asunto que sigue siendo el de haber asistido a período excepcional en el que, escudándose en recomendaciones del «equipo médico habitual», primero se prolongó dictatorial toque de queda, avalado por el Tribunal Superior de Justicia (el mismo que garantiza la obscena visión del mamotreto fascista de Sa Feixina), hasta que el Tribunal Supremo ha dicho basta, porque sin estado de alarma, votado en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, lo que fingen ignorar algunos de los sedicentes izquierdistas con asiento en el Consulado del Mar, no es posible vulnerar derecho tan fundamental, para, sin atender a razones más allá de las del doctor de cabecera, celoso hasta lo enfermizo en la posesión de la vara de mando sobrevenida que se le ha otorgado, proseguir limitando horarios y aforos, coartando la libertad de los bares a desarrollar con garantías sus negocios. El argumento exhibido por la presidenta Armengol: Mallorca, las islas, tienen las mejores ratios de España en descenso de contagios; se han salvado innumerables vidas; lo esencial, lo que prima por encima de cualquier consideración que se ponga a debate: garantizar la temporada; no hay que dejar cabo suelto que impida la llegada masiva de turistas, Mallorca ha de volver a ser lo que fue en 2019: saturación, colapso, caja a rebosar en el sector hotelero, encantado con la deriva autoritaria del Gobierno de las izquierdas coaligadas.
Lo chocante es que la señora Armengol ha carecido, carece, de oposición visible. No lo es la del PP, que con Company, despedido con limpia patada en salvada sea la parte; insistamos: no se ha ido, lo han apiolado sin miramientos, naufragó, incapaz de hilvanar respuesta no ya coherente sino inteligible a lo que se ordenaba desde el Ejecutivo balear. Con Marga Prohens todo es susceptible de empeorar; la nueva factótum de la derecha no es Isabel Díaz Ayuso (deseo inconfesable), ignorante, desafiante, desenfadada, osada, efectiva musa de la nueva derecha, sino producto de lo poco presentable del PP de Mallorca, del llamado «cono sur» de la isla, donde perviven y florecen todavía prácticas ancestrales, territorio de convolutos varios. Sin oposición de la denominada reconocible el Gobierno de Armengol se ha visto con las manos libres actuando en consecuencia: restringir derechos, establecer prohibiciones, yendo más lejos de lo que la decencia política aconsejaba.
Hasta aquí hemos llegado, ahora, entrados en el cuarenta de mayo, con la temporada, sacrosanta temporada, de hecho iniciada, los bares piden el fin de las limitaciones horarias, que se les deje hacer, al tiempo que los empresarios, a los que también les va, de qué manera, la pulsión autoritaria, solicitan a través de su organización, CAEB, una ley seca, Chicago años 20, en los súper low cost y policías en atalayas playeras para meter en cintura a los jóvenes que se dan a los consabidos botellones, práctica que no será recomendable, pero sí comprensible por doble motivo: hartazgo profundo por lo sucedido, ganas de saborear la libertad arrebatada, precios casi siempre abusivos en locales nocturnos, en los que la garrafa sigue campando a sus anchas.
Así deambulamos, vacunando, rogando a los poderes celestiales que el Gobierno de Su Graciosa Majestad Británica tenga a bien permitir a sus ciudadanos que otra vez invadan Magaluf cuándo y cómo les plazca. Protestaremos al constatarlo. Sepulcros blanqueados. La Mallorca de siempre.
