El pasado jueves se presentó el último informe de la OCDE sobre España, que ofrece un diagnóstico sobre la situación económica y toda una serie de recetas con las que superar la crisis de la covid, combinando mecanismos contra los daños de la pandemia y, sobre todo, reformas estructurales. El organismo comandado por Angel Gurría incide en fórmulas y recetas ya conocidas, pero esta vez ha añadido otro aspecto de la cuestión muy relevante por la coyuntura en que nos encontramos: el secretario general ha llamado a “evitar a toda costa” la competencia tributaria a la baja entre territorios porque crea “muchas distorsiones”. Preguntado por los medios por el hecho de que la OCDE ha denominado en un documento interno a Madrid como “paraíso fiscal interno”, Gurría ha comentado: “Es muy sencillo. Si tienes varias autonomías y cada una compite por atraer el mayor número de contribuyentes, lo que va a pasar es que vas a una carrera hacia el cero”.
Además, Gurría subrayó que precisamente ahora “no parece el mejor momento para estar jugando a esas competencias”. En el acto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, subrayó la advertencia con su propia opinión: “La competencia a la baja en los impuestos nos empobrece a todos”; como es sabido, Calviño, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está elaborando la reforma fiscal que, entre otras cuestiones, tiene previsto fijar un tipo mínimo en impuestos cedidos a las comunidades para evitar lo que denominan de forma abierta dumping fiscal.
Si de verdad se cree en un estado protector, no intervencionista pero sí prestatario de los servicios públicos esenciales que son los que garantizan la igualdad de oportunidades, es necesario disponer de recursos públicos que han de ser recaudados entre los contribuyentes. El liberalismo salvaje del estado mínimo no encaja ni en nuestra democracia solidaria ni en la voluntad de la mayoría.