El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado «por unanimidad» un informe desfavorable sobre la futura Ley de Libertad Sexual o Ley del ‘sólo sí es sí’ elaborada por el Ministerio de Igualdad. En él se muestra contrario a los dos ejes principales de la norma: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. En este último asunto, los argumentos de técnica jurídica tienen cierto sentido: si se castiga igual al que abusa sexualmente sin violencia y al que lo hace violentamente, las víctimas quedarán desprotegidas ya que el agresor tendrá menos escrúpulos a la hora se portarse violentamente. Pero en todo lo demás, el informe resulta casposo, inadecuado, alejado del tiempo y del lugar en que estamos, en que la opinión pública recuerda lo sucedido con La Manada y el resultado insatisfactorio de las actuaciones judiciales en aquella ocasión.
Para relativizar este informe debidamente (el informe no es vinculante en todo caso), conviene recordar que también fueron negativos los informes del Consejo general del Poder Judicial sobre la ley de Violencia de Género y —lo que es incluso más grave— la del matrimonio igualitario que permite la unión a personas del mismo género. Tras estos resonantes ridículos —ambas leyes son hoy pilares de la comunidad—, el CGPJ haría bien centrándose en administrar justicia en vez de entrar a opinar en asuntos en que lo importa es la sensibilidad del cuerpo social.