Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Bernat Jofre

Empresariado: ¿Feliz año?

Hace unos días comentaba con unos amigos la «carta a los Reyes Magos» que la Ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca hizo pública en los principales medios de comunicación baleares.

Uno de los presentes -debería decir ciber intervinientes, pues la rica tertulia ha desaparecido de nuestras vidas- defendía que es una misiva fuera de lugar y contexto. Que el Govern ha hecho mucho por la clase hotelera y empresarial. Servidor cambió en cuanto a tema de conversación: era una de aquellas situaciones en que a pesar de la amistad, experiencia conjunta y años pasados, no nos hubiéramos puesto nunca de acuerdo.

No en cuanto a la oportunidad de la publicación en sí, sino su contexto. Estamos ante una situación crítica, debe reconocerse desde todos los sectores implicados. Inglaterra está a punto de volver a bloquear sus fronteras -a día de hoy, Boris Johnson ya puede tener redactada la «Isolation Act»- por la escalada del virus Sars-Cov-II. Alemania, nuestro principal mercado emisor, podría pensar en hacer lo mismo si sigue aumentando sus cifras de fallecidos en las próximas semanas.

Italia ya ha bloqueado las suyas, y Francia es bastante posible que imite al gobierno transalpino después de Navidad. ¿En qué se traduce esta casuística? En dinero. Mucho dinero: si se quiere aguantar el actual tejido productivo, deberá ponerse mucho capital encima de la mesa. No préstamos.

No obstante ha bastado una simple carta navideña para encender los ánimos. No debería. Ni procede: nadie en la FEHM, PYME, PYMECO o cualquier otra patronal empresarial pone en duda la capacidad de diálogo del Govern de les Illes Balears. Efectivamente, se han convocado en el Consolat a todos los actores empresariales de Balears. Desde el minuto uno. Se han abierto puertas, es cierto. Es probable que sea por la inercia negativa que llevamos -aquí nadie quiere culpabilizar a la otra parte- pero los resultados están siendo claramente insuficientes teniendo en cuenta la gravedad de la crisis que vivimos.

¿Ha habido buena voluntad? Sí. ¿Basta con la última ante lo que puede venir el próximo 2021 y -sobretodo, y atención al dato- 2022? Quizás. Pero se van a necesitar más medidas concretas y menos marcos teóricos. Y, sobretodo, voluntad de entendimiento real. Porque todo buen negociador sabe que no se pueden utilizar los conceptos de oír, escuchar y entender como si fueran lo mismo. De acuerdo a la (Española, s.f.) RAE (Real Academia Española) nos encontramos las siguientes definiciones:

● • Oír: Percibir con el oído los sonidos.

● • Escuchar: Prestar atención a lo que se oye.

● • Entender: Tener una idea clara de las cosas.

De la cual se desprende otra, básica en cualquier proceso de negociación:

• Comprensión: «dícese de aquella capacidad combina el oír y el escuchar y es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de lo que nos dicen».

Pues bien, en el empresariado no hay queja de las dos primeras, sino en cómo se han traducido las dos segundas. Cuando los diversos sectores productivos analizan las ayudas que los diferentes socios europeos dan a sus profesionales -no solamente a los turísticos- y las que ofrece el Gobierno de España, tiene fundamentados elementos de preocupación. Y con razón: la desventaja competitiva es evidente. Cuando la presidenta de los hoteleros mallorquines reclama alguna que otra exención fiscal, no es porque se lo haya sacado de la manga. Es porque nuestros competidores ya lo están haciendo. Cuando se habla de medidas urgentes, no es para agriar la Navidad a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno. O a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño Santamaría. Es porque Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte, Sebastian Kurz o Stefan Löfven ya las están implementando en sus países. Sin esperar al maná comunitario. Si debe haber más deuda, hágase: ya lo dijo este abril la Presidenta del Banco Central Europeo, la ortodoxa Christine Lallouette Lagarde : «Es hora de que los países se endeuden para sacar a flote sus economías».

Les voy a confesar algo: hace medio año, se nos propuso a un grupo de hoteleros «inteligentes» que hiciéramos una propuesta de préstamo asumible por la industria al Instituto de Crédito Oficial. (ICO). Con mucho gusto aceptamos. Nuestra respuesta fue bastante razonable: 80.000 millones de capital, cuatro años de carencia e interés bonificable y no fijo, entre otros puntos. Es decir, lo que en tiempos no tan pretéritos (2008-2012) sí funcionó. Se nos trató de «amateurs».

Finalmente, hace menos de un mes, el Ministerio de Economía ha tenido que rectificar y ha alargado la carencia de los ICO firmados este marzo hasta el 2023. Por el camino, han ido cerrando miles de empresas que, viendo que no podrían iniciar la devolución del principal el 2021 prefirieron clausurar con las menores pérdidas posibles. No hablamos de pocos puestos de trabajo, precisamente. Nadie ha asumido la responsabilidad.

Ahora empezamos este 2021. Se intentará olvidar toda la carga negativa que ha tenido el que acabamos. Pero que se demuestre con hechos reales, y no con fuegos de artificio. Les pondré un ejemplo: cuando se declaró la pandemia algunos pueblos de Mallorca decidieron quitar algunos impuestos municipales a las empresas de sus respectivos municipios. Fue un gran acto de apoyo que las patronales agradecieron. Pues bien, el Consell de Mallorca echó para atrás dicha resolución. No la consideró acorde a la legalidad. Los alcaldes afectados se daban de bruces: una medida obviamente necesaria, y rechazada. Por lo tanto, y sin facturar un euro, los pagos fueron los mismos. Sin piedad alguna. Es este legalismo por encima de todas las cosas que se debería revisar: cuando se escribió el Derecho Administrativo, no se previó ninguna crisis. Pero una vez comprobado su alcance, lo mejor sería ser imaginativo y poner soluciones. No escudarse en abogados para no proceder.

Por último, destacar algo: tanto el Govern de la CAIB como La Moncloa deberían evitar esta propensión a meterse en charcos -me perdonarán la expresión- gratuitos. A los regidores públicos se les paga para hacer cumplir la ley. No para comentar los emplazamientos de empresas que, por cierto, pueden crear centenares de empleos fijos en plena crisis económica.

Compartir el artículo

stats