"La educación no es una preparación para la vida: es la vida en sí misma". La cita de John Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense que propugnó la importancia de la educación en democracia, debería servirnos para reflexionar sobre los perversos enfrentamientos permanentes en torno al sistema educativo en España. No hay ley que dure varias legislaturas ni acuerdo que permita asentar dinámicas constructivas para profesores, padres y madres y alumnos. El último cisma se ha abierto sobre la forma en que debe retomarse la actividad escolar tras la parálisis de la pandemia. Un debate más orientado a ahondar en la siempre peligrosa división entre docentes y progenitores que en buscar las mejores opciones los principales implicados: los alumnos.
Casi dos meses después de suspenderse las clases presenciales, el confinamiento ha obligado a las familias y a los colegios a algo que parecía imposible: encerrar en casa a niños, adolescentes y jóvenes de todos los ciclos educativos sin paralizar su ritmo formativo. Todos ellos han hecho un enorme esfuerzo para impartir clases 'on line'. Los maestros y profesores, adaptando el material educativo. Los padres y madres, haciendo juegos malabares para adaptar su trabajo, presencial o desde casa,y las tareas domésticas a la actividad, que siempre requiere un acompañamiento personal. Y los alumnos, adaptándose a un nuevo entorno sin amigos ni actividades colecticas.
La crisis sanitaria justificaba el confinamiento y sus consecuencias. El especial ensañamiento del Covid-19 ha obligado, además, a aislar muy especialmente a las personas mayores, lo que ha impedido que estos cuiden de los más pequeños, como ocurre habitualmente para facilitar la conciliación laboral de los padres. Más complicado, imposible. La situación se ha sobrellevado de la mejor manera posible. Las dificultades han sido mayores para las personas con menos recursos. La denominada 'brecha digital' ha perjudicado a un 15 por ciento de los estudiantes, sin ordenadores ni conexión a internet.
El problema ha surgido cuando la ministra Isabel Celaá ha dado las instrucciones para la finalización del curso y el inicio del siguiente. El Ministerio ha acordado el regreso a aulas, respetando las máximas garantías sanitarias, de los alumnos hasta 6 años cuyos padres trabajen fuera de casa, y en determinados cursos de cambio de ciclo, como cuarto de Secudaria y Bachillerato. La conselleria de Educación balear ha trasladado esta semana a los centros estas indicaciones. Sin embargo, todos los sindicatos de profesores y las direcciones de los colegios han rechazado el plan de desescalada educativahan rechazado el plan de desescalada educativa, que prevé una drástica reducción de alumnos por clase a partir de septiembre, aun sin concretar. El conseller Martí March respalda esta postura.
Es lógico que los docentes quieran un retorno a las aulas seguro sanitariamente, como ocurre en otros ámbitos como los hospitales o, a partir de mañana lunes, buena parte de las empresas. Y la obligación de los gobiernos central y autonómico es darles plenas garantías de ello. También es legítimo que los padres y madres quieran que sus hijos vuelvan a los colegios para continuar su formación en las mejores condiciones y para que ellos mismos puedan recuperar la normalidad en su actividad laboral. Lo que no es aceptable es que la situación de crisis e incertidumbre se utilice para enfrentar a docentes y padres, como si ambas partes no tuvieran un mismo interés común: los estudiantes. Es urgente y obligado un acuerdo de todos los implicados para retomar las clases, adaptándolas a la 'nueva normalidad'. Sin escatimar medios. Hay mucho en juego. En la educación, responsabilidad de todos, va nuestro futuro.
