La repetición de las elecciones generales por la incapacidad de un acuerdo de investidura es una noticia muy negativa para España y para Balears. Las consecuencias de mantener el bloqueo en el Gobierno como mínimo cuatro meses más son muy negativas desde el punto de vista social y económico. Pero lo más preocupante es el descrédito de la clase política y el desapego cada vez mayor de los ciudadanos hacia sus gobernantes, a los que perciben alejados de la realidad.
La crónica de lo sucedido empezó el pasado 28 de abril. Los resultados de los comicios dieron una mayoría holgada al PSOE, pero insuficiente para gobernar. El presidente en funciones y candidato, Pedro Sánchez, apuntó a Unidas Podemos como "socio preferente" e inició unos contactos que desde el minuto cero fueron poco esperanzadores por las posturas encontradas y la falta de confianza entre ambos partidos. La sesión de investidura de Sánchez en julio fracasó, pero el estupor ciudadano fue tal que pocos dudaban que en septiembre, en una segunda sesión, se alcanzaría el acuerdo, que debía incluir a los partidos nacionalistas en el Congreso.
Agosto y septiembre han transcurrido sin embargo en sentido contrario. No solo no ha habido acercamiento, sino que las posturas parecen irreconciliables. Los socialistas han apelado estas últimas semanas a la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular con más insistencia que al apoyo del partido de Pablo Iglesias. Y la negativa de Pablo Casado y Albert Rivera, con un intento de este último poco creíble, ha conducido a la situación actual. Los españoles son llamados a las urnas por cuarta vez en cuatro años, una situación de crisis institucional inédita.
El desazón generalizado que ha provocado esta situación es especialmente patente en Balears, donde la presidenta Francina Armengol ha sido una de las principales defensoras de un pacto entre su partido y Unidas Podemos, de la misma forma que se ha hecho en las islas. Armengol, uno de los apoyos de Sánchez cuando perdió el liderazgo del partido por negarse a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, hace tiempo que ha perdido la sintonía con el presidente en funciones, y ha recibido con pesar la repetición electoral.
Las opciones de Sánchez eran claras, a la izquierda o a la derecha, y resulta incomprensible por qué no se ha trabajado con inteligencia y posibilismo, y no con llamamientos de última hora, una de las dos vías.
Los motivos esgrimidos en los contactos con Unidas Podemos han ido pasando del desacuerdo en la propuesta de gobierno de coalición a las dudas sobre la capacidad de gobierno de este partido -"no dormiría por las noches con ministros de Podemos"-. Si bien hay asuntos de calado con desacuerdos patentes, como Cataluña, hay muchas coincidencias programáticas entre ambos y el desacuerdo cabe interpretarlo más en clave emocional que de gestión política.
A la derecha, Ciudadanos ha preferido abrirse en canal, con deserciones de sus dirigentes, a propiciar un gobierno de Sánchez. Los apoyos el 10N calibrarán si el electorado está de acuerdo. El PP ha sido coherente en su negativa, tras perder el gobierno hace algo más de un año en una moción de censura. Acuerdos de gobierno como el que rige actualmente en Alemania, entre derecha e izquierda, son una quimera en España.
El bloqueo político perjudica a la economía e impide afrontar retos urgentes y necesarios, como el problema catalán, con la sentencia del procés en ciernes, o el brexit.
En Balears, la consecuencia más directa se verá en los presupuestos autonómicos de 2020, en los que está en el aire la aportación de 177 millones de Madrid, pese al compromiso de la ministra de Hacienda. El desarrollo del régimen especial, incluidas las medidas fiscales, o la financiación de una nueva depuradora que evite los vertidos de aguas residuales en la bahía de Palma son otros proyectos afectados. Vuelve a haber urnas el 10N y hay que ir a votar, pero es comprensible que a día de hoy los ciudadanos se pregunten por qué tienen que pagar ellos unas culpas que no les corresponden.
