"Así, durante semanas y semanas, los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron. Y algunos de ellos, como Rambert, llegaron incluso a imaginar que seguían siendo hombres libres, que podían escoger". Así comienza el primer párrafo del tercer capítulo de La peste, de Camus. Así pudieron llegar a pensar muchos palmesanos, cuando parecía que desde las instancias judiciales se estaba poniendo coto a las actividades presuntamente delictivas de Bartomeu Cursach, el verdadero alcalde de la noche en Palma y Calvià, auxiliado por su mano derecha, Sbert, otro Tolo, que se había forjado un nombre de duro sin contemplaciones en la gerencia de la Asociación de hoteleros de Platja de Palma, ejecutor de la campaña de la derecha del PP para echar a los socialistas del ajuntament de Llucmajor, premiado posteriormente por Cañellas con la dirección general de Turismo del Govern de la CAIB. Con la instrucción del juez Penalva y la actuación del fiscal Subirán, en actuaciones relacionadas con las denuncias contra los mencionados, acusados de supuestos sobornos a policías municipales de Palma y Calvià, así como a integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, se han derivado procesamientos contra jefes de la policía municipal y agentes del cuerpo. Éstos, presuntamente, formaban parte del intento del PP de Matas y Rodríguez de conformar una policía al servicio de los intereses de ese partido político.
Como recordarán, el juez Penalva fue apartado de la instrucción del caso por la Audiencia de Palma bajo la acusación de parcialidad formulada por los defensores de ambos acusados y el fiscal Subirán por los whatsapps, y la instrucción quedó en manos del juez Florit. La instrucción estuvo perlada de acontecimientos singulares, como las supuestas amenazas y reales agresiones a testigos protegidos, manifestaciones callejeras de los empleados de Cursach, y petición de arma para autodefensa de los investigadores judiciales. Sólo cabe calificar como grave error del juez Penalva y del fiscal Subirán las expresiones vertidas por WhatsApp con el grupo de blanqueo de la policía nacional que investigaba un presunto delito fiscal de Cursach. Lo que precisa la justicia para merecer este nombre es disponer de jueces imparciales, no de justicieros. No se comprende cómo juez y fiscal pueden haber actuado con tan poca profesionalidad. Y ello es grave no solamente porque cuestiona el papel de la justicia, que en este caso se contemplaba por muchos como la última esperanza, una vez más decepcionados por una clase política más sensible a los intereses espurios de grandes empresarios con pocos escrúpulos y mucho poder que en la aplicación de las leyes en igualdad para todos. La actuación judicial posibilita la petición de los acusados de anular toda la causa judicial en su contra.
Quizá extrañe a algunos la especial atención que Diario de Mallorca ha dedicado a este asunto, en comparación con otros medios, incluyendo la querella contra el fiscal Carrau y el recurso contra su denegación a propósito de la incautación de los móviles de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, sin olvidar que el juez Florit también pidió el registro de llamadas de un año de la agencia EFE y las comunicaciones y ubicación del móvil de una de sus redactoras. Pues está perfectamente justificada, no ya por afectar a un periodista del diario, sino porque la revelación de las fuentes informativas de los periodistas afecta al sistema de libertades que caracterizan y hacen posible la democracia, el control del poder; así mismo, porque en una isla apestada por la corrupción posibilita blindar los intereses más inconfesables, ésa a la que alude Guillem Frontera cuando llama a Mallorca la Sicilia sin muertos. Por ahora. Márquez, el inspector jefe que señaló la propuesta para controlar las llamadas de los periodistas, dijo que se buscaba a los funcionarios que facilitaban información reservada del caso Cursach, en absoluto se pretendía desvelar las fuentes informativas de Mestre y Pou. Quizá es que debo ser débil de entendederas pero ya me explicarán cómo se puede hacer una cosa sin hacer simultáneamente la otra.
Mi compañera de Opinión María Amengual relataba el pasado miércoles cómo Mesquida, el flamante candidato de Ciudadanos se había prestado a hacer gestiones para Cursach a instancias de Sbert en su condición de funcionario de Calvià a propósito de un recital de David Guetta. Habría recibido a cambio cinco entradas para el concierto y un pase para su mujer en Megasport. Una fruslería si quieren, pero por una parecida encausaron a Pilar Carbonell. "Sin despeinarse" habría acudido Mesquida al concierto para "comprobar el nivel de decibelios". Hay que tener jeta. Éste es un posible diputado por Balears. Puede que alguien piense que lo que nos infecta es un simple virus del resfriado y no la peste bubónica. Pensarán mal. El panorama es desolador. Piensen en volumetrías incompatibles con la calificación urbanística en construcciones de empresas mediáticas, dirigidas por los arquitectos de siempre, en el polígono de Son Valentí, solucionadas a golpe de teléfono al Consell Insular de Mallorca, donde reinaba Maria Antònia Munar con el voto del PSOE, con el auxilio de técnicos de ambición desmedida y escasos escrúpulos. Piensen en todo el escándalo de Matas informando de su proyecto de Son Espases y la compra de terrenos aledaños con la esperanza de recalificación y beneficio exponencial. Piensen en todo ello y en el resto de affaires que han escapado al control de la ciudadanía para juzgar lo que nos jugamos en el caso Cursach.
