Hace apenas unos días, Pablo Casado aseguró que Pedro Sánchez era cómplice de los golpistas catalanes. Se volvió a hablar de crispación. Algún cronista recordó entonces la anatema de Rajoy contra Zapatero cuando aquél le dijo a este en mayo de 2005 que había "traicionado a los muertos y revigorizado una ETA moribunda". Ambos ejemplos melodramáticos reflejan a la perfección el clima de afectada polaridad que las dos formaciones han mantenido desde la llegada de Aznar a la dirección del PP, con González en el gobierno del Estado (con anterioridad, Fraga, siempre respetuoso y condescendiente con el orden establecido, nos deparó impagables escenas de sofá con Felipe). Aunque, en realidad, los enfados han formado parte de la teatralización que se perseguía, como lo prueba el hecho de que al poco tiempo de la ruptura abrupta de relaciones, se han conseguido con facilitad grandes acuerdos. De hecho, Casado y Sánchez acaban de repartirse el poder judicial cuando todavía resonaban las últimas invectivas recíprocas?
? El modelo bipartidista, más o menos perfecto, se basa en la clásica dialéctica hegeliana y es tan simple como efectivo: poder y oposición tienen establecidos sus respectivos roles, y nadie se ensaña demasiado con el adversario porque sabe que en cualquier momento pueden intercambiarse los papeles. De hecho, como ha denunciado con razón Ciudadanos, la bipolaridad acaba convirtiéndose con frecuencia en un paripé. Y en la práctica, el saneamiento de la vida pública no lo ha logrado la acción persistente de un partido sobre el otro sino el poder judicial, y así hay que reconocerlo paladinamente. La moción de censura que puso a Sánchez en La Moncloa y descabalgó a Rajoy como responsable político de una corrupción masiva e intolerable no hubiera sido posible sin que, con anterioridad, la Justicia hubiera tomado medidas contundentes y valientes contra los corruptos. El juez José Ricardo de Prada, probable futuro miembro del Consejo General del Poder Judicial, es una referencia de lo que se quiere decir.
Sea como sea, la alternancia que se ha producido hace casi medio año ha restablecido en cierto modo la inercia bipartidista, de modo que el principal debate lo están encarnando Sánchez y Casado, quienes asimismo han empezado a cooperar con gran soltura en los "asuntos de Estado" que benefician a ambos. Insospechadamente, cuando las relaciones parecían haberse enturbiado gravemente, PP y PSOE, con apenas el 62% de los escaños del Congreso, se han repartido el CGPJ en un momento, recuperando la indecencia de treinta años de tradición.
? Preocupa el gesto, sobre todo porque no viene de curtidos e insensibles dinosaurios de la política sino de jóvenes recién llegados que deberían exhibir todavía cierta inocencia y alguna reconfortante falta de malicia. Pero no: a las pocas horas de que PP y PSOE demostraran que siguen siendo totalmente incapaces de conseguir un pacto educativo que toda la sociedad reclama y que es una gran urgencia para el país (una nueva propuesta del PSOE ha sido descalificada en el acto por el PP), ambos partidos han logrado repartirse fraternalmente la tarta del poder judicial. Sin hacer el mínimo caso a quienes han tenido la osadía de invocar los artículos 122 y 123 CE que a). exigen mayoría cualificada para cada candidato, lo que debería excluir el tramposo sistema de cupos; b). dejan claramente en manos del Consejo, sin interferencias, la designación de su presidente, que lo será también del Tribunal Supremo. Ocioso es decir que, como es habitual, las cosas se han hecho de otro modo.
Las relaciones causa-efecto son difíciles de determinar en política, pero no parece aventurado suponer que, entre otros factores, son estos comportamientos los que han dado lugar a la irritación social que ha suscitado la emergencia de otros partidos nuevos, que tratan de corregir los viejos vicios de bipartidismo (aunque bien es cierto que los recién llegados han aprendido rápidamente a realizar marrullerías). En definitiva, quede constancia de que la corrupción no es sólo apropiarse de fondos públicos: también lo es manipular indebidamente los resortes del Estado.
