Pendiente todavía de su definitiva aprobación a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, los ciudadanos de Balears deben congratularse del importante incremento del descuento de residente, que a partir de este verano alcanzará un 75% del precio del billete de avión o barco. Es una noticia histórica que servirá para abaratar de forma notable la conexión de los archipiélagos con la península, atenuando las lógicas dificultades de movilidad que supone la insularidad. Del incremento en la bonificación cabe pensar que se traducirá en un alza del número de pasajeros entre las Baleares y el continente, de un modo similar a como ha ocurrido en los trayectos interislas, que ya gozaban de este privilegio. Mejorar la frecuencia de las conexiones -a menudo insuficientes- y vigilar estrechamente la evolución de los precios en las rutas a la península -una labor que le corresponde realizar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)- deben convertirse en sendos objetivos a perseguir en el corto y el medio plazo. No en vano, de nada habrá servido este aumento en la bonificación si no termina traduciéndose en una rebaja significativa en el precio de los billetes.

La alegría por la noticia va unida a algunas consideraciones que tampoco podemos dejar de lado. En primer lugar, hay que señalar que el acuerdo se cerró el martes en una negociación llevada a cabo directamente por el partido nacionalista Nueva Canarias y el gobierno central, lo que pone de manifiesto una vez más el escaso peso de Balears a la hora de defender nuestros intereses en el conjunto del Estado. Forma parte de la cruda lógica del poder que atiende primero a sus necesidades de supervivencia: en este caso el papel clave que ha jugado el diputado canario -conocido popularmente como el parlamentario 176- en la aprobación de los presupuestos del gobierno. Gracias a esta presión se ha logrado incluir la nueva bonificación en las cuentas de 2018, pero en el caso canario además, este descuento pasará a ser permanente gracias a que será incluido en el articulado del Régimen Especial Fiscal (REF) que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Esto nos lleva a una segunda consideración y es la necesidad que tenemos de desarrollar cuanto antes un potente Régimen Especial Balear (REB) que permita, por un lado, atenuar el efecto de los sobrecostes asociados con la insularidad y, por el otro, dotar de estabilidad y seguridad jurídica al nuevo marco fiscal. En tercer lugar, el acuerdo demuestra la importancia de la colaboración institucional -en este caso, entre ambos archipiélagos- a la hora de negociar con el gobierno central objetivos que nos son comunes. Sin duda, estrechar lazos con las islas Canarias -comunidad con la que compartidos una realidad similar- tiene todo el sentido estratégico.

Balears sale beneficiada de este importante acuerdo, a la espera que el nuevo REB -solicitado por la práctica unanimidad de la sociedad civil- y una financiación más acorde con las necesidades y el esfuerzo fiscal de estas islas permitan reducir muchas de las distorsiones que supone la insularidad. Hay que trabajar en esta dirección con tranquilidad y paso seguro, sin aspavientos innecesarios, en pos de un mayor reequilibrio territorial que atienda las particularidades específicas de cada autonomía.