Rl 12 de mayo de 2010, Rodríguez Zapatero, presionado por Bruselas, anunciaba desde la tribuna del Congreso una batería de medidas para poder llevar a cabo una reducción adicional del déficit de 15.000 millones entre 2010 y 2011, que incluía entre otras la congelación de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas, y un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5%. Un año después, en julio de 2011, se aprobaba en el Parlamento (con los votos de PSOE y CiU) una importante reforma del sistema de pensiones, también exigida por Bruselas y por los mercados, que en esencia retrasaba progresivamente la edad de jubilación y ampliaba el periodo de cálculo de las pensiones. Producida la alternancia a finales de 2011, fue la reforma de Rajoy de 2013 la que suprimió la indexación de las pensiones con el IPC, que existía desde 1997, y desde 2014 se revisan con un Índice de Revalorización (IRP), que como mínimo será del 0,25% anual y que no garantiza, obviamente, el mantenimiento del poder adquisitivo. También se ha introducido un factor de sostenibilidad, que se revisará cada cinco años para asegurar el equilibrio.
En plena crisis, aquella reforma fue encajada por la opinión pública como un elemento más de la trágica recesión. Pero ahora, cuando llevamos cuatro años creciendo a buen ritmo, los pensionistas se han irritado al recibir la lacónica carta anual de la Seguridad Social en que se les informa de la subida correspondiente, y que se ha reducido en los últimos años al 0,25%, dos euros y medio en una pensión de mil euros al mes. La inflación es baja actualmente pero es obvio que, en cuanto se normalice el proceso económico, este sistema producirá un descenso sistemático del poder adquisitivo. Y los pensionistas, más de nueve millones, han decidido hacerse oír y han orquestado una serie de manifestaciones, muy concurridas.
Tales protestas han terminado calando y la Comisión del Pacto de Toledo decidía el pasado martes redactar una nueva recomendación que inste a sustituir el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) por otro mecanismo en que el IPC sea el elemento "troncal". El PNV, por su parte, imponía el miércoles al Gobierno una subida de las pensiones equivalente al IPC este año y el próximo como condición para aprobar los PGE. También se retrasa unos años la aplicación del factor de Sostenibilidad.
Según el Eurostat, la renta mediana -la de aquella persona en posición intermedia en la escala salarial con las mismas personas ganando más que ganando menos- de los jubilados españoles supera en un 1% a la de los trabajadores (sólo Luxemburgo, Grecia, Francia e Italia tienen unas pensiones tan elevadas), pero esta evidencia no puede ser argumento para justificar un retroceso en uno de los componentes clave del Estado de Bienestar. No hay injusticia social alguna en el hecho de que los jubilados, que han contribuido decisivamente a elevar al país a sus niveles actuales, disfruten de una jubilación digna. Y en cualquier caso, aunque sea posible, e incluso deseable, que se especule con las pensiones futuras de los jóvenes -es su opción, y tienen derecho a debatir el asunto-, de ninguna manera sería tolerable que quienes ya están jubilados o en expectativa de estarlo en breve vean modificadas a la baja las condiciones de su retiro.
De hecho, lo lógico sería que el Pacto de Toledo se dotara de expertos profesionales que examinaran los modelos de previsión social existentes en Europa, algunos de los cuales gozan de merecido prestigio (Países Bajos, Suecia y Reino Unido). Estos tres son modelos complejos en que una base pública se complementa con fondos de inversión obligatorios y voluntarios. Pero cualquier cambio que se introduzca -y perece evidente que convendría introducir alguno- ha de hacerse con la salvedad de no perjudicar a los ya pensionistas o a quienes están cerca de serlo. Después de todo, ellos nos sacaron en buena medida las castañas del fuego cuanto este país estuvo a punto de la inflamación por la crisis.