Las informaciones que se están sucediendo sobre el papel de los mossos d'esquadra en la intentona golpista catalana son inquietantes. Porque no sólo contribuyeron a facilitar el 1-O, dejando en evidencia y en precario a las demás fuerzas de seguridad del Estado que acudieron a los Colegios que la policía autonómica no había mantenido cerrados, sino que se prestaron a labores de inteligencia y espionaje totalmente impropias a su función y evidentemente vinculadas al "procés", que era en realidad una conspiración sediciosa.
El asunto está en manos de la Justicia, que ha inculpado ya a Josep Lluis Trapero, mayor de los mossos entre junio y octubre de 2017, a quien las mencionadas informaciones involucran claramente en la intentona. Pero podría pensarse también en la conveniencia de que la policía autonómica, que ha podido ser manipulada por el poder político hasta convertirla en una herramienta sediciosa -ya se sabe que lo que caracteriza la rebelión es la violencia-, estuviera en el futuro sujeta a un determinado control estatal.
La competencia sobre la seguridad está en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica del Estado que se reforma por un procedimiento singular contemplado en la Constitución. No habría que descartar, en fin, que el Estado, a través del artículo 155 CE o de cualquier otra fórmula, tomara precauciones en el futuro, sin descartar incluso la disolución de la policía autonómica catalana.