¿Y si gana el independentismo?

Y la respuesta es bien simple: si ganaran los independentistas y fueran capaces de formar una mayoría de gobierno, gobernarían la comunidad autónoma en los próximos cuatro años. De hecho, no es la primera vez que sucede: el nacionalismo ha ganado durante décadas en las elecciones autonómicas catalanas, en tiempos en que por el contrario era el PSC el que se imponía en las elecciones generales. Se elogiaba por aquel entonces la sutileza política de los electores catalanes, que votaban a unos o a otros según de qué elección se tratara y siempre con el fin de defender mejor sus convicciones y sus intereses.

La experiencia que ha proporcionado el desarrollo de los acontecimientos durante el oneroso 'proceso' que ha desencadenado el independentismo (que obtuvo una exigua mayoría parlamentaria en escaños, que no en votos, en las elecciones del 2015), ya debería haber servido para sentar algunas evidencias:

Una primera, que Cataluña no posee el derecho de autodeterminación, lo que le impide iniciar un proceso separatista. Y la situación no va a cambiar por el hecho de que ocasionalmente las fuerzas separatistas sean mayoritarias: tan sólo la comunidad internacional se plantearía determinados interrogantes si fuera manifiesto que el separatismo lograba reiteradamente una mayoría cualificada (véase el dictamen del Supremo canadiense sobre Québec).

Una segunda, que el parlamento autonómico no es soberano, por lo que no tiene modo de elaborar o reformar leyes que no sean de su competencia, de acuerdo con el la Constitución y el vigente Estatuto de Autonomía.

Una tercera, que el Estado, que ha demostrado su flexibilidad, su paciencia y también su exigencia de acatamiento a las leyes en vigor, no va a permitir las desviaciones que puedan producirse en el futuro. La número dos de ERC ha acusado injuriosamente al Gobierno de amenazar con el derramamiento de sangre si la Generalitat proclamaba solemnemente la República. Era un infundio mal intencionado. Sin embargo, que nadie dude de que el Estado recurrirá al uso de la fuerza -proporcionada y mínima, racionalmente aplicada„ si fuera necesario para restaurar el principio de legalidad si es vulnerado. Se espera de la inteligencia y sensibilidad de los diferentes actores que no se le ponga a prueba en este sentido. De cualquier modo, el artículo 155 de la Constitución sigue en vigor, y continuará protegiendo la integridad del ordenamiento mientras sea necesario. Y todas las veces que haga falta.

Una cuarta, que es irreal que se afirme que la utilización por el Estado de los resortes legales de que dispone siembra independentismo. Habrá que ver qué ocurre el 21D, pero los hechos acreditan que Cataluña ya paga un alto precio por la frivolidad de quienes han mentido descaradamente al asegurar que el proceso independentista no tendría repercusiones económicas, encontraría gran receptividad en la Unión Europea y atraería la prosperidad y el bienestar a los catalanes de manera súbita. Lo cierto es que el crédito internacional de Cataluña ha caído en picado, que la pérdida de la Agencia del Medicamento es una consecuencia dramática de la inseguridad jurídica sembrada, que el turismo flaquea y que el tejido económico se ha debilitado extraordinariamente, en un proceso que no será reversible si la confianza no se recupera con rapidez.

Y quinta, y última, que la recomposición del statu quo, la restauración de los afectos, el final de la crisis no sólo política sino también psicológica y social, sólo llegará si se aplazan de buena fe los objetivos imposibles y se recupera con naturalidad el acatamiento al Estado de Derecho. Sólo en este clima de reencuentro sería posible plantearse el cierre de los contenciosos judiciales abiertos de la manera más rápida posible. Los procesos penales tienen que alcanzar un desenlace, pero nada debería oponerse a que, una vez dictadas las sentencias, se actúe con generosidad y magnanimidad, y se cierren través de indultos unas heridas que nunca debieron haberse producido.