La equidad, que debería ser un valor irrenunciable de la democracia, consiste (también) en atribuir un salario razonable a cada trabajador según sus aptitudes, su esfuerzo, su dedicación y su responsabilidad. Si no existe la debida correlación entre trabajo y salario, hay que hablar de explotación, de degradación moral del sistema. Viene esto a cuenta de una información que relata un hecho definitivamente infame: los trabajadores que atienden el teléfono contra el acoso escolar creado a finales del año pasado por el ministerio de Educación son titulados en Psicología y han acreditado su experiencia. El propio ministro, Méndez de Vigo, ha alardeado de ello y de lo magníficamente que realizan su función.
Pues bien: estos trabajadores pertenecen a una empresa de atención telefónica que ganó el preceptivo concurso; tienen la categoría de gestores de llamadas, están contratados por obra o servicio y se rigen por el convenio de despachos y oficinas, con un salario de menos de 500 euros al mes por 20 horas semanales de lunes a domingo. Evidentemente, quienes resuelven en primera instancia el problema del acoso escolar no son funcionarios ni han hecho oposiciones, pero no por ello el Estado que los utiliza es menos culpable de este maltrato. Es indecente, por insultante, el trato que se da a estas personas, que lamentablemente son sólo un ejemplo clarísimo de cómo está la situación laboral en nuestro país.
