Como era previsible, ha saltado ya a los medios la espinosa cuestión de los debates preelectorales, previos a las elecciones generales del 20 de diciembre. Y si ha sido difícil organizar tales actos informativos cuando el modelo de representación era cuasi bipartidista, lo será todavía más en las actuales circunstancias, en que hay cinco actores indiscutibles que pugnan por la hegemonía en un ámbito mucho más fragmentado.
Parece claro que los dos grandes partidos, PP y PSOE, que son los que mayor representación poseen, y con diferencia, en el Parlamento actual, deberán confrontarse entre sí. Pero no sería políticamente razonable excluir a las dos formaciones emergentes, Ciudadanos y Podemos, que han irrumpido con fuerza en las confrontaciones electorales intermedias. Tampoco sería razonable marginar a Izquierda Unida, que renace como foco de una nueva convergencia a la izquierda del espectro.
No estaría mal que, como propone Pedro Sánchez, se crease una comisión independiente reguladora, anclada en la ley electoral, que dispusiese los debates convenientes para que la ciudadanía reciba una información justa y equilibrada. Pero mientras se logra, o no, semejante institución, es exigible generosidad por parte de todos los partidos, que han de partir de la premisa de que tales debates son insustituibles para una recta formación del criterio de los ciudadanos.