Jordi Sevilla ha glosado un documento de la Comisión Europea, el "Informe sobre España 2015", muy farragoso para los profanos y aun para los generalistas, en el que se reconoce que el ajuste en la balanza por cuenta corriente, desde un déficit cercano al 10% del PIB en 2007 hasta un superávit del 1,5% en 2013, es uno de los grandes éxitos de la recuperación económica de este país y una de las claves de la salida de la crisis. Se trata de una constatación obvia, de que la que hay felicitar al Gobierno, como es natural.
Sin embargo, el informa asegura, y Sevilla recoge, que este ajuste es inestable por la persistencia del desequilibrio exterior, cuya corrección ha sido posible por la caída en los costes laborales unitarios en un 4,5% desde 2009, gracias al aumento del paro y a las bajadas salariales. La otra cara de la devaluación interna ha sido que "los indicadores sociales han sufrido un drástico deterioro desde la crisis" como muestra "el elevado número de personas (13 millones) que están en riesgo de pobreza y exclusión social en España". Todavía más, "la pobreza en situación de empleo (trabajadores pobres) sigue afectando al 10,5% de la población activa", a la vez que "el desempleo juvenil es muy alto y se corre el riesgo de que el desempleo de larga duración pase a ser estructural, llevando a la exclusión laboral y social". Y, todavía más: pese a la reforma laboral, "los elevados niveles de segmentación del mercado de trabajo siguen siendo una rémora para España", entre otras razones, porque "siguen afectando al incremento de la productividad". Por su parte, el otro gran desequilibrio que es necesario corregir, los elevados niveles de endeudamiento asociados a la burbuja, presentan un comportamiento dual: por una parte, la creciente deuda pública "cuya gestión constituye un reto importante para la economía española" y, por otra parte, "los flujos de crédito negativos han sido el principal factor de desapalancamiento de los hogares" y de las empresas. Por todo ello, se incrementa la fragilidad de la economía ya que "el elevado nivel global de deuda, tanto interna como externa, plantea riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera".
El informe prosigue con aseveraciones como éstas: "La fragmentación de la estructura empresarial agrava los problemas", "el abandono escolar prematuro sigue siendo muy elevado", "los resultados en investigación e innovación siguen adoleciendo de inadecuación en la financiación y en la gobernanza" y "la competencia en los mercados mayoristas y minoristas de la electricidad no se consideran aún suficientes". Por todo ello, señala que "la economía española sigue sometida a riesgos por la naturaleza y la magnitud de los desequilibrios y las interrelaciones entre ellos". Una conclusión a todas luces bastante más ajustada a la percepción de los ciudadanos que al triunfalismo infantil de que hace gala el Gobierno. En economía, como en medicina, cualquier acción es ambivalente, y junto a los efectos positivos, aparecen otros negativos asociados a aquéllos. Y el problema „el que a todas luces tiene el Gobierno, autor de este pretendido portento„ se plantea cuando los efectos colaterales negativos del plan de estabilidad interna aplicado en España y que explica la actual recuperación económica son percibidos por los electores como más importantes que los efectos supuestamente beneficiosos de la terapia anticrisis aplicada. Porque, entonces, es fácil que los ciudadanos, a la hora de tomar decisiones en las urnas, decidan cambiar de medicación, o cuando menos ponerse en manos de médicos más sensibles que se muestren capaces de tratar adecuadamente los efectos secundarios de los fármacos aplicados. Ésta es la razón por la que Rajoy, sorprendido, no recoge los frutos que cree merecer de su gestión de la crisis.
